Balears propondrá al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir que las Comunidades Autónomas puedan limitar el precio del alquiler de viviendas en las zonas con alta presión sobre el mercado.
El Parlament balear aprobó este martes una proposición de ley de modificación de la LAU que plantea añadir en su artículo 17 un punto en el que se faculta a las administraciones regionales a «establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler de viviendas en aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado».
Además, las Comunidades Autónomas podrán establecer un régimen sancionador en caso de vulneración de los precios máximos que fijen y regular un sistema de resolución extrajudicial de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
La propuesta de ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales del Parlament balear ha sido planteada por Més per Menorca, se ha aprobado con los votos favorables de 31 diputados de la izquierda y el rechazo de 24 parlamentarios del PP, Ciudadanos, El Pi y Vox.
En los próximos días, el Parlament tramitará la propuesta ante la Mesa del Congreso y designará a los tres diputados regionales que se desplazarán a Madrid para defender la propuesta ante el pleno de la Cámara Baja.
Los portavoces parlamentarios en el debate de los partidos de izquierda, Joan Ferrer (PSIB), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (Més per Mallorca) y Patrícia Font (Més per Mallorca), coincidieron en subrayar la gravedad del problema de la carestía de la vivienda de alquiler en todo el archipiélago, especialmente en Palma y la isla de Eivissa. Destacaron que los ciudadanos isleños, en particular los jóvenes, se ven expulsados del mercado inmobiliario por el efecto de la especulación y la presión de demanda extranjera, y han criticado a la derecha por primar los derechos de los grandes propietarios sobre los de las personas sin posibilidad de acceder a una vivienda.
Los portavoces de los grupos opositores, José Luis Camps (PP), Marc Pérez-Ribas (Cs), Maria Antònia Sureda (El Pi) e Idoia Ribas (Vox), consideraron fracasada la política de vivienda del Govern de izquierdas.
Todos ellos señalaron en sus intervenciones que la limitación del precio de los alquileres generará el efecto contrario al pretendido, al restringir más la oferta de vivienda por la inseguridad jurídica que provocará a los propietarios.
