La conselleria d’Habitatje, a través del Ibavi, dispone de una lista de unas siete mil familias que pretenden acceder a una vivienda de protección. Esta cifra, que suele variar, fue confirmada ayer por la gerente del Ibavi, Olvido Terrasa, que señaló que en realidad esta lista podría no responder a la realidad, ya que se teme que existe una duplicidad de solicitudes. Hay familias que solicitan pisos a los ayuntamientos que ofrecen viviendas públicas, a la vez que también se apuntan a las listas del Ibavi.
La intención de la Conselleria es unificar una lista única, para conocer con exactitud cuál es el número de familias que están pendientes de recibir un piso de protección oficial.
Terrasa explicó también que no todas las familias esperan el mismo tiempo a la hora de recibir uno de estos pisos. Las solicitudes se estudian de forma individual y a medida que se van consiguiendo viviendas, se adjudican a las familias que más lo necesitan. Muchas veces cuando desde el Ibavi se les comunica a estas personas que se les ha adjudicado uno de estos pisos «nos informan que renuncian a la adjudicación porque ya han conseguido una vivienda».
Por su parte, el conseller Josep Marí aclaró que las familias que adquieren una de estas viviendas de protección únicamente han de dedicar un tercio de sus ingresos para dedicarlos al pago del alquiler. Marí aseguró que el Govern no tiene intención de deshacerse de ninguno de estas viviendas públicas.
