El juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que preside del magistrado Antoni Garcías, ha archivado la denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo contra la conselleria de Medio Ambiente por no haber sancionado a Cort a raíz de los vertidos de la depuradora en la Bahía de Palma. La denuncia fue interpuesta por los navegantes alegando que Medio Ambiente estaba aplicando el decreto de posidonia, que sancionaba los fondeos de los navegantes, sobre esta planta marina protegida, pero no actuaba con los cerca de 28 vertidos de la planta de depuración de Palma acaecidos entre 2017 y 2018. El auto recuerda que el Govern participa en los costes "altísimos" de unos 220 millones de euros en la "solución del problema" de la depuradora de la capital balear.

En la resolución judicial se puede leer: "Puede ya concluirse que efectivamente, la Conselleria no realizó expedientes de denuncia contra Emaya a través de la dirección general del territorio u otras pero sí puede decirse que no se desentendió del problema, que su actitud ha sido no adoptar medidas punitivas sino tener como meta o intención la colaboración con la institución directamente encargada de la depuración de las aguas residuales y de las aguas pluviales, para mejorar tal servicio con la intención de que no existan deficiencias o peligros para la salud pública y para el medio ambiente".

Miquel Mir, conseller de Medio Ambiente, se mostró muy satisfecho de la resolución, que puede ser recurrida a instancias superiores, pero consideró que "el auto valida totalmente la actuación que realizamos en la Conselleria y lo demuestra la cantidad de dinero que se ha invertido en solucionar la depurada de Palma". Al respecto, el auto del magistrado Antoni Garcías asevera: "Puede repetirse que el Director General y el Conseller están al tanto de la situación y quieren solucionarla y para ello el Govern participa en los costos, altísimos, de esa solución".

Acto seguido desmonta los argumentos de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo para denunciar una prevaricación por parte del Govern: "El presente auto no declara por no ser su competencia si las actuaciones administrativas han sido buenas, eso lo debatirán tanto los representantes políticos como por supuesto los medios, las asociaciones y los ciudadanos, lo que sí dice este auto es que no se cumplen los requisitos de ilegalidad y esencialmente el de arbitrariedad, no se ha dejado de realizar un expediente sancionador o se han retirado multas por ser amigos o familiares los implicados, como ocurre en sentencias condenatorias de prevaricación".

El auto también recuerda que este proceso no tiene nada que ver con las actuaciones penales contra el ayuntamiento de Palma y la entonces presidenta de Emaya, Neus Truyol, por los vertidos que están siendo investigados en otras instancias judiciales. No obstante, sí han declarado ante el magistrado la mayoría de directores generales de Medio Ambiente y de Territorio del Govern de las últimas legislaturas.