La asociación Barri Cívic Santa Catalina también se suma este sábado al rechazo frontal contra las polémicas declaraciones de Kristin Hansen, la organizadora de la Semana del Orgullo en Palma que se ha disculpado tras asegurar que la Pride Week es una “oportunidad para que venga a Palma gente de campo, que no ha visto nunca a una mujer lesbiana” Piden respeto también para todos los residentes y reclaman descanso para los vecinos y lamentar que la defensa de los derechos del colectivo LGTBI acabe perjudicándoles por la celebración en sa Feixina.

“Nos sumamos a la reacción generalizada de rechazo a las declaraciones” de Hansen, señalan en un comunicado. “Siguiendo el lema de la entidad vecinal, donde pedimos ‘silenci, respecte, civisme’ en más de medio centenar de pancartas colgadas en viviendas” también reclaman “respeto no solo para la gente de campo, sino también para todos los residentes que tendremos que soportar la presencia de entre 7.000 y 10.000 personas en sa Feixina y sus alrededores”.

La entidad vecinal critica que la celebración de la Semana del Orgullo en el parque residencial entre el 18 y el 28 de junio “supondrá un incremento de los ruidos, suciedad y desmadre en general que estamos intentando frenar con medidas que empiezan a dar sus fruto”. Consideran que “la asistencia masiva de gente con ganas de fiesta dará al traste con los primeros logros” tras reunirse el jueves con el ayuntamiento de Palma.

Lamentan que un evento “reivindicativo tan loable como la defensa de los derechos del colectivo LGTBI acabe siendo un perjuicio para los vecinos que simplemente quieren descansar y dormir por la noche en sus domicilios”, un derecho y una necesidad “básicos”.

"Había alternativas idóneas para celebrar la fiesta sin molestar a nadie, pero no fueron escuchadas"

Barri Cívic Santa Catalina cree que había alternativas para celebrar esta fiesta “sin molestar a nadie, pero no fueron escuchadas” y consideran que “solo se han atendido los intereses económicos y la batalla volverá a ser ganada por las discotecas, pubs, bares y restaurantes que saturan el barrio”.

Exigen que el Ayuntamiento se responsabilice de la organización del evento para que “la última palabra no la tenga una empresa privada” y se hagan mediciones sonométricas para comprobar que el impacto acústico no sobrepasa el indicado en la ordenanza de ruidos y vibraciones.

Asimismo reclaman saber el alcance del seguro de responsabilidad civil contratado será suficiente, si habrá presencia policial y más detalles del evento como si hay un plan de evacuación, el espacio que se ocupará, el tipo de autorización otorgada y el aforo permitido.