El Tribunal Supremo se autocorrigió ayer y tuvo que rectificar una resolución que había dictado el pasado miércoles. La nueva resolución acepta de nuevo trámite el recurso contra la decisión del Govern de mantener encerrados en el hotel covid a los estudiantes que viajaron a Mallorca para celebrar el final de curso, en una medida para controlar los contagios que se habían producido. El auto rectifica una resolución dictada el día anterior, es decir el pasado miércoles, (que incluso fue comunicada al Govern) en la que daba por cerrado el caso porque la fiscalía no había presentado finalmente el recurso. La realidad es que no fue así. El fiscal sí había presentado dicho recurso de casación, pero había apurado hasta el último momento, aunque todavía en plazo. El escrito del fiscal se presentó antes de las tres de la tarde en el registro general del Tribunal Supremo, es decir, se formuló antes de que concluyera el plazo.
El pasado miércoles el tribunal se adelantó y cometió un error al comunicar que el recurso había quedado desierto, dando por sentado que la fiscalía había desistido del caso. Lo cierto es que no fue así. El fiscal del Supremo, que meses antes ya había formulado un escrito anunciando las razones por las que entendía que el Supremo debía pronunciarse sobre la polémica que suscitó el encierro de los estudiantes, formalizó finalmente dicho recurso.
Por tanto, el tribunal se ha visto obligado a rectificar e iniciar la tramitación correspondiente para resolver en sentencia esta polémica.
La fiscalía lo que recurre es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que vino a justificar la decisión de la conselleria de Salut, que ordenó el traslado obligatorio al hotel covid de todos los estudiantes que habían viajado a la isla en viaje de fin de curso. Esta medida se adoptó porque algunos de los chicos que habían vuelto a sus lugares de residencia regresaron contagiados y la enfermedad se estaba extendiendo.
El TSJB rectificó una decisión judicial anterior, que interpretó que la medida de Salut era ilegal, por cuanto no se había demostrado que todos los estudiantes habían tenido contacto con los contagiados.
La fiscalía mantiene que el encierre supuso la violación de varios derechos fundamentales de estos estudiantes.
