Alejandro del Campo ha sido el abogado del despacho DMS Legal que desde Mallorca denunció ante la Comisión Europea el modelo 720 creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y que ha conseguido que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo haya tumbado las sanciones que se impusieron en relación a dicha medida.
¿Dónde estaba el Talón de Aquiles del modelo 720?
No dejaba de ser una simple declaración informativa sobre los bienes que se tiene en el extranjero, que recaía en los residentes fiscales en España al margen de su nacionalidad. Eso no ha sido cuestionado por Europa, sino las brutales sanciones y consecuencias derivadas de no presentarla o hacerlo fuera de plazo. Eran sanciones confiscatorias. Y sobre todo, la imprescriptibilidad, que convertían el no presentar esa declaración en un crimen tan grave como el genocidio o el terrorismo, lo que es un disparate. Prescriben el asesinato, la violación, la pederastia... pero no presentar en plazo el modelo 720, no.
¿Si ese agujero era tan evidente, por qué no se corrigió antes?
Tengo claro lo que ha sucedido. El modelo 720 es un arma de destrucción masiva, porque afecta no solo a los grandes defraudadores con dinero oculto en paraísos fiscales, sino que obligaba a cualquier residente con más de 50.000 euros en el extranjero. He visto como recaía sobre una empleada del hogar que había fallecido su padre en Ecuador. Ese arma de destrucción masiva la puso el Parlamento en manos de Hacienda en octubre de 2021 para asustar al personal y que se acogieran a la amnistía cuyo plazo concluía en noviembre de ese año. Montoro llegó a decir que esa amnistía era la zanahoria y el modelo 720 el palo. Me consta que se plantearon modificar esa norma para eliminar la imprescriptibilidad y para suavizar las sanciones, pero en ese momento aparecieron casos como el del expresident catalán Jordi Pujol. Eso les llevó a dar marcha atrás y a no hacer cambios para que no fuera interpretado como una nueva amnistía fiscal y que no se pensara que se daba una segunda oportunidad a los grandes defraudadores. El Gobierno del PP que aprobó el modelo 720 no se atrevió a cambiarlo, y cuando entró el nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos tampoco abordó el tema porque, políticamente, era delicado suavizar una norma antifraude. Ni unos ni otros quisieron meterle mano y han dejado que sea Europa la que les haga el trabajo sucio.
Usted lo llevó ante la Comisión Europea. ¿Por qué y para quién ese empecinamiento para llegar tan lejos?
Por el absoluto convencimiento de que no todo vale en la lucha contra el fraude. Nada más nacer esta normativa, pensé que era una barbaridad jurídica que violaba la Constitución y el Derecho Comunitario. Cuando la denuncié no tenía en mente a los grandes defraudadores porque no tengo ese tipo de clientes, sino a los modestos ahorradores y sobre todo a los extranjeros que tenemos viviendo en Mallorca. Casi todos conservan en su país de origen una vivienda o una cuenta bancaria, y vi que muchos se iban a ver afectados al quedar en fuera de juego por no presentar en plazo esa primera declaración. Eso los iban a convertir en genocidas. Yo lo denuncié en febrero de 2013 pero la Comisión Europea tardó en reaccionar porque España no estaba aplicando todavía la normativa. En noviembre de 2014 una asociación de británicos que vieron lo que se les venía encima lo denunció directamente ante el Parlamento europeo, y ellos me invitaron a hablar en su nombre. A mediados de 2015 España desenfundó el arma y comenzó a disparar con sanciones, y las primeras víctimas fueron las que yo me temía, como parejas de jubilados alemanes o británicos que residían aquí y no presentaron en plazo el 720. La multa mínima por esa presentación fuera de plazo era de 1.500 euros para cada miembro de la pareja. Y unas 7.000 personas fueron seleccionadas para ponerlas en el paredón y aplicarles las mas brutales sanciones. Yo he visto el caso de una mujer a la que encontraron con 440.000 euros en Andorra desde fechas inmemoriales y más que prescritos, la colocaron en el paredón y la exigieron 3,9 millones de euros.
¿Esta medida explica que muchos extranjeros comunitarios dejaran de empadronarse en España?
Eso provocó que se registrara una reducción drástica en el número de extranjeros residentes en Balears. Soy testigo de alemanes que optaron por darse de baja.
¿Esta suspensión de multas también va a beneficiar a grandes defraudadores?
Sí. Eso no lo podemos evitar. Pero no pensé en ellos cuando llevé este tema hasta sus últimas consecuencias. Conozco un caso en el que un cliente sufrió un infarto al exigirle 50.000 euros con la amenaza de ir más lejos.
¿Qué pasa con la fiscalidad española? Porque el Constitucional también ha anulado el impuesto de la plusvalía municipal.
Lamentablemente, el legislador tributario no tiene en cuenta ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni la Constitución ni el Derecho Comunitario. Legisla a sabiendas de que su normativa puede vulnerar todo eso. Se ha visto con las plusvalías. El Constitucional ya le dio una colleja al legislador en contra de esa normativa en mayo de 2017, que no hizo absolutamente nada hasta octubre de 2021, cuando ese Tribunal se la cargo definitivamente. El legislador tributario creo una norma que podía vulnerar el principio de capacidad económica, y la mantuvo pese a los avisos que recibió. Pero se ha visto que el Constitucional, cuando tumba esa normativa, limita los efectos prácticos y salva las arcas municipales, porque no hace devolver a los Ayuntamientos los millones de euros que han recaudado durante los últimos años. Poca gente se va a ver beneficiada.
El Gobierno ha acudido al rescate y ha modificado la normativa para que los Consistorios puedan volver a cobrar.
En el tema de las plusvalías sí. Pero a diferencia del Constitucional, que también ha acudido al rescate, el Tribunal Europeo ha tumbado el régimen derivado del modelo 720 y sus duras sanciones, y sin limitar sus efectos. Si tú, legislador español, la has hecho, la tienes que pagar, y Hacienda va a tener que soltar toda la pasta que ha recaudado de forma indebida durante los últimos años.
El Tribunal Supremo también tumbó el sistema por el que autonomías como la balear calculaban el valor de los inmuebles, pero la Agencia Tributaria de las islas se mantuvo en sus trece.
El legislador dijo que en una compraventa la base imponible era el valor real de los inmuebles. Pero era un valor jurídico indeterminado, y las Haciendas autonómicas, entre ellas la balear, se aprovecharon de eso y crearon un sistema para valorar a bulto las propiedades y exigir más impuestos. A pesar de que el Supremo ha ido tumbando esas formas masivas de fijar el valor de los inmuebles sin visitarlos, las Haciendas locales han hecho paripés para aparentar que corregían. Y aquí de nuevo el legislador ha acudido al rescate, y ha sustituido el valor real por el concepto de valor de referencia del Catastro, que se aplica desde enero de este año.
¿Las Administraciones tributarias gozan de impunidad?
Gozan de impunidad y rozan la prevaricación. El Parlament autonómico aprobó modificar el sistema de valoración de los inmuebles y el Tribunal Supremo le ha dicho a la Agencia Tributaria balear como tiene que hacer las cosas, pero lo que hacen es buscar mecanismos para eludir esas obligaciones. La Hacienda balear ha modificado sutilmente su sistema de valoraciones para seguir incumpliendo.
¿La amnistía fiscal que impulsó Cristóbal Montoro era aceptable?
Creo que no se puede aceptar una amnistía fiscal. Pero una vez que se aprueba, por las necesidades apremiantes de recaudar de una España que estaba al borde del rescate, no puede hacerse de una forma tan chapucera como se hizo, a través de un simple real decreto ley aprobado en marzo de 2012 que el Tribunal Constitucional se lo terminó cargando sin consecuencias. Además, se aprobó con el coste político que eso supone para un Gobierno, exigiendo un 10% de las cantidades regularizadas, pero respetando la prescripción, con lo que al final solo se pago el 1%, el 2% o el 3% de lo que afloró. No tenía ningún sentido y menos con una recaudación tan miserable.
¿Cree que hubo políticos corruptos que se beneficiaron de esa amnistía para blanquear el dinero que se habían quedado?
Sin duda. Los grandes defraudadores se acogieron a la amnistía pagando muchísimo menos de lo que les hubiera correspondido, y luego muchos presentaron en plazo el modelo 720 y se quedaron muy tranquilos.
El problema es que no se puede hacer pública la lista de los que se beneficiaron de esa amnistía y nunca sabremos quienes son.
Así es. Ni si hay políticos, o familiares, o personas vinculadas a esa gente. No lo sabremos nunca.
¿Ante Hacienda el contribuyente goza de presunción de culpabilidad?
Entiendo que sí. Y en el procedimiento de la Comisión Europea contra España por el tema del modelo 720, nuestro país mintió. Nuestras autoridades le dijeron al Tribunal Europeo que Hacienda debía de demostrar que el contribuyente había defraudado, cuando realmente a todas estas personas con bienes en el extranjero el Fisco español les disparaba primero y preguntaba después.
Los abogados especializados en temas fiscales no son baratos. ¿Las guerras con Hacienda siempre le cuestan dinero al contribuyente las gane o las pierda?
Nuestra labor social como asesores fiscales es conseguir que esa lucha con Hacienda sea un buen negocio para nuestros clientes. Siempre intento asegurarme de que el pleito es viable y de que hay altas probabilidades de éxito, y luego busco un trato con el cliente, y no le cobro un fijo sino un variable sobre la cantidad que le recupero o le evito pagar. Además, si llegamos a juicio lucho a muerte para que condenen en costas al Estado, que en muchos casos le toca rascarse el bolsillo y cubrir buena parte de mis honorarios.
¿Todos somos iguales ante la ley tributaria? ¿El rey emérito ha recibido un trato de favor?
No sé si puedo contestar a esa pregunta, porque no he seguido muy de cerca el procedimiento ni las actuaciones que se han llevado a cabo contra el rey emérito. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es que no cumplió con determinadas obligaciones tributarias en plazo, y en ese sentido fue un defraudador que luego ha querido regularizar su situación.
¿La fiscalidad española es demasiado baja para las rentas más altas?
Los tipos que se aplican en España a rendimientos del trabajo o a alquileres rozan el 50% en el caso de las rentas más altas. Desde el punto de vista del Impuesto sobre la Renta, esa tributación es muy elevada. Pero es cierto que las rentas del ahorro tributaban del 19% al 23%, y ahora hasta el 26%. Las rentas altas tienen instrumentos para planificar su tributación y orientarla hacia el ahorro para no pagar más del 26%. Lo que es absurdo es que en España mantengamos el Impuesto de Patrimonio, que se ha eliminado ya prácticamente en toda Europa, y que la Comunidad de Madrid es la única que lo tiene bonificado al 100%.
¿Solo pagan lo que toca los asalariados porque controlar una nómina es muy fácil?
Sí, esos no pueden esconder ni un céntimo.
Tras la victoria del modelo 720 ¿cuál es su siguiente objetivo?
Otra batalla que tengo en marcha es que a los residentes en países extracomunitarios, y ahora lo es el Reino Unido, que tienen propiedades en España y las alquilan, les obligan a pagar el 24% del ese alquiler bruto, sin dejarles descontar ningún gasto, mientras que los comunitarios solo pagan el 19% del rendimiento neto. Eso es una discriminación y estoy convencido de que vulnera el derecho comunitario. Este tema lo he llevado ante la Audiencia Nacional. También tengo la intención de luchar contra el nuevo valor de referencia del Catastro.
