La extensión del certificado covid, que desde ayer se exige también en todos los establecimientos de restauración de menos de 50 plazas, está generando divisiones en el seno de las organizaciones empresariales de las islas, dado que frente al apoyo que recibe desde la sectorial de CAEB se registra el rechazo que provoca en la de PIMEM.
En el caso de la primera de estas asociaciones sectoriales, su presidente, Alfonso Robledo, aplaude el trabajo realizado por la Mesa del Diálogo Social, al considerar que la ampliación de los locales en los que es necesario el pasaporte covid supone un «mal menor» muy preferible a otras medidas como las limitaciones del horario de apertura o de aforos, que resultarían mucho más perjudiciales para el sector.
Sin embargo, desde PIMEM, la presidenta de RBC, Eugènia Cusí, lamenta la imagen de establecimientos poco seguros que el Ejecutivo balear ha dado al sector con esta medida. En este sentido, insiste en que en la isla no se han dado casos de grandes contagios que se hayan producido en este tipo de locales.
Por ello, Cusí considera que el Ejecutivo balear es uno de los responsables de la caída en la clientela que la restauración mallorquina está padeciendo, al favorecer esa imagen de lugares inseguros desde hace ya mucho tiempo.
Además, la presidenta de la sectorial de PIMEM lamenta que se haya aprobado la implantación del pasaporte covid en restaurantes y bares sin haber consultado previamente al sector sobre la forma menos lesiva de hacerlo. Esta crítica la formula pese a que fue a propuesta del presidente de esa federación empresarial, Jordi Mora, que el Govern permite que en los pequeños bares con poco personal ese certificado se pueda pedir cuando el cliente ya está sentado y antes de hacer su pedido.
