«La pandemia ha radicalizado» el uso de la Administración telemática «hasta un punto insostenible» en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), critica la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Balears, Apol·lònia Julià. Estos profesionales muestras su preocupación y «molestia» por los problemas que se están generando, además de que advierten de que se agudizarán con la reducción de personal y la intención de que no se vuelvan a realizar consultas o trámites personalizados.
La situación que empezó antes de la crisis sanitaria nace de la puesta en marcha de la Administración electrónica y el uso de papel cero, con la que Julià se declara de acuerdo y destaca que los graduados sociales están acostumbrados a ello. Sin embargo, advierte de que se ha de combinar con una atención «no presencial, sino personalizada» para poder estar al tanto de cómo va la marcha de un expediente.
Lo cierto es que los ciudadanos «no pueden acceder de forma rápida, sencilla y con garantías» ante el INSS, situación que se ha agravado con el cierre de los centros de atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y la falta de medios humanos no posibilitan atender de forma ágil todos los expedientes, consultas e incidencias, lo que redunda en retrasos y más incidencias, denuncian desde el órgano colegiado de los graduados sociales.
Su presidenta llama la atención sobre la gran diversidad de trámites que se llevan a cabo en la Seguridad Social, desde servicios básicos como el control de las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social, las pensiones y prestaciones sociales, entre ellas la baja por incapacidad, viudedad, orfandad o el ingreso mínimo vital. Pone como ejemplo que se solicita una invalidez permanente y «pasan tres meses y no sabes cómo va» o que incluir a un recién nacido en la tarjeta sanitaria era un trámite que antes los ciudadanos podía hacer personalmente.
Ahora las «pocas citas» que se dan han quedado como «algo residual», cuando todavía hay población con dificultad para desenvolverse por la vía telemática.
Por ello el Colegio de Graduados Sociales externa su «molestia y preocupación» ante una situación que «no ayudará ni al colectivo que realiza estos tramites ni a los beneficiarios de las prestaciones».
«Ciudadanos enfadados»
A los despachos de los graduados sociales llegan «ciudadanos enfadados» ante la impotencia de poder hacer ellos mismos los trámites y tener que pagar por un servicio que no se puede hacer «gratis».
Julià defiende que la población debe poder elegir acudir o no al servicio de un graduado social y que no se vea «obligada» a ello por indefensión ante la Administración. Por ello considera que se debe «reclamar que no desaparezca la atención personal».
Lo que a primera vista debería beneficiar a este colectivo profesional porque pueden realizar prácticamente todos los trámites de forma telemática con un poder, tampoco es así al no poder hacerlo de forma rápida y personal, al carecer de «un canal de comunicación fluido» ante una incidencia para poder llamar o presentarse.
«No podemos tolerar las esperas que estamos sufriendo en trámites urgentes», como una pensión de invalidez o pagos de incapacidad temporal , a lo que se suma «la angustia del usuario», denuncian, ante «una sensación de abandono tremenda que ningún Gobierno debería permitir».
