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Otros testigos señalan sus dudas al concurso portuario de Maó

La jueza sigue indagando sobre las sospechas de amaño del proyecto marítimo de Menorca

Los testigos apuntan a Joan Gual de Torrella. | B.R.

Los testigos apuntan a Joan Gual de Torrella. | B.R.

Segunda jornada de declaraciones del llamado caso Puertos, en el que la jueza Martina Mora intenta avanzar para ir aclarando las dudas que rodean el proceso de adjudicación de las instalaciones náuticas de Maó, ya que se sospecha que pudo ser amañado desde la misma dirección de la Autoritat Portuària de Balears.

El lunes declararon cuatro testigos, algunos de ellos integrantes del Consejo de Administración de la APB que aprobó el concurso a favor de la empresa Marina Asmen, a pesar de las dudas que plantearon algunos de estos consejeros. Ayer declararon también otros cuatro testigos, que apuntaron hacia la misma dirección. La magistrada sospecha, como así describió en un auto, que este concurso fue amañado a favor de esta sociedad, formada por los más importantes empresarios náuticos de Menorca, porque existía un interés político en que el proceso se decantara a favor de Marina Asmen. Entre los testigos que han sido llamados a declarar se encuentra el entonces alcalde de Inca, Antoni Torres, quien también formó parte del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària, y estuvo presente en la reunión en la que se aprobó esta concesión náutica.

Todos los testigos que han declarado hasta ahora han coincidido en que la aprobación fue tensa, puesto que varios consejeros plantearon sus dudas legales. Consideraron que se estaban modificando los criterios de puntuación del concurso, razón por la que no consideraban adecuado que se pudiera aprobar la propuesta. Estos consejeros incidieron en el malestar que representó esta oposición para el entonces presidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella, que sostenía que se debía aprobar la propuesta planteada por la junta que había estudiado todos los proyectos y había considerado que la más óptima era la presentada por los empresarios menorquines. Una de las pruebas fundamentales que está valorando la magistrada es una grabación en la que interviene un alto cargo de la APB, en la que reconoce que hubo presiones políticas para favorecer la oferta planteada por los empresarios de la isla.

Hoy está previsto que también declaren otros de los testigos del caso.

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