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La jueza indaga con los testigos sobre el concurso del puerto de Maó

Declaran los expertos y empresarios implicados en el proceso de adjudicación

La jueza cree que el concurso de la instalación náutica de Maó se amañó.  |

La jueza cree que el concurso de la instalación náutica de Maó se amañó. |

Después de mantener en secreto durante más de un año el llamado caso Puertos, en el que fue detenido el entonces presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Juan Gual de Torrella, la jueza que dirige el caso empezó ayer la fase de interrogatorio de los testigos.

La investigación que dirige la jueza Martina Mora se centra únicamente en el proceso de adjudicación de las instalaciones náuticas del puerto de Maó. Hay otras adjudicaciones que también están bajo su lupa, si bien todavía siguen bajo secreto de sumario.

Los testigos citados ayer son técnicos y empresarios que de alguna forma intervinieron en el proceso del concurso público, que, según sospecha la magistrada, se amañó desde la propia Autoritat Portuària para beneficiar a un grupo de empresarios, que habían formado una sociedad conjunta, que contaron con información privilegiada. Es decir, cree que estos empresarios menorquines jugaron con ventaja frente a otros competidores que también se interesaron por el proceso de adjudicación.

Está previsto que durante los próximos días declaren un total de 13 personas. La jueza ha preferido empezar los interrogatorios con los testigos antes que tomar declaración a los imputados, que han sido citados entre los días 4 y 7 del próximo mes de octubre. Los primeros investigados en ser interrogados serán Joan Gual de Torrella, Juan Carlos Plaza y María Dolores Ripoll.

Los interrogatorios de ayer fueron especialmente largos debido a las cuestiones técnicas sobre las que versaba la declaración de estos testigos.

Además de la fiscalía Anticorrupción, en la declaración estuvieron presentes los abogados de todos los imputados, la mayoría de ellos personas que ocuparon cargos de responsabilidad en la Autoritat Portuària, como el presidente y el director de esta empresa pública.

La magistrada se mostró especialmente preocupada por evitar que se conozca el contenido de estas declaraciones. Tanto es así que obligó a los abogados de la defensa a que entregaran sus móviles a la entrada de la sala de vistas.

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