Mallorca acumula más de un lustro en el que el precio de los alquileres ha llegado a duplicarse en algunas zonas. Ni una pandemia ha logrado pinchar una burbuja que, como mucho, ha detenido su progresión. La congelación de precios que planea el Gobierno en zonas tensionadas puede suponer un alivio para miles de inquilinos de la isla y, aunque queda mucho camino por recorrer antes de que se materialice, es «un paso positivo» para Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca (PAH).
«Veremos cómo acaba, pero ya es algo porque antes no había nada. Sí reivindicamos que las zonas tensionadas las establezca cada territorio y no el Gobierno porque no tiene nada que ver la situación de nuestros alquileres con los de la península», valoró este experto.
«La referencia, o una de ellas, deberían ser las ocho mil familias que hay en lista de espera para conseguir una vivienda social. La administración sabe en qué zonas viven y por ahí deberían empezar. Palma tiene una gran problemática con los alquileres, y también los ayuntamientos tendrán mucho que decir porque son quienes tienen la información más precisa», subrayó Cornell.
Hogares en crisis
La norma que permitirá establecer un techo de los precios al alquiler no se concretará hasta 2021, pero a día de hoy la situación sigue angustiosa para muchos a los que no les salen los números. «Con la pandemia los precios se han estancado, pero al final lo importante es la capacidad que tienen los hogares para acceder a un alquiler. Porque aunque el precio no suba, las familias se han empobrecido y tienen más problemas para pagar la vivienda. Eso es lo que nos llega desde que empezó la crisis», destacó este abogado.
«Y no es solo el dinero. Acceder a un alquiler se ha complicado mucho porque piden contratos de trabajo a personas que están en ERTE y que además no tienen dos o tres mil euros para pagar fianzas», explicó Cornell, al tiempo que criticó que «ha habido desahucios a tope» pese a la prohibición de aplazar los desalojos de inquilinos afectados por la emergencia económica.
Y advirtió de una forma más sutil de desahucio, la de muchos inquilinos cuyos impagos no llegan a los juzgados porque deciden abandonar la vivienda voluntariamente. Algunos propietarios fueron comprensivos con la situación y propusieron rebajas del alquiler o aplazamientos de pago, pero Cornell subrayó que aquello tuvo un efecto muy limitado porque «en muchos casos la propiedad es de empresas o familias que manejan un gran volumen de viviendas».
Una regulación «bien pensada»
En todo caso, este experto considera que el problema de los alquileres no se resolverá hasta que no haya un cambio estructural en el mercado. «Es necesaria una regulación bien pensada que impida que invertir en el mercado inmobiliario sea hoy la actividad más rentable. No bajarán los precios mientras sigamos teniendo la puerta abierta al capital especulativo y la creación de empresas que se dedican a esas prácticas resulte tan fácil», destacó Cornell.
Asimismo, rechazó que este último año un número significativo de viviendas vacacionales se hayan pasado al alquiler residencial por el parón del turismo.
