El Consell de Govern aprobó ayer la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir de Baleares, un órgano formado por nueve miembros que decidirán sobre todas las solicitudes de eutanasia que se presenten en el archipiélago a partir del 25 de junio. Cada comunidad autónoma tendrá su propia comisión, regulada en la ley aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, y que en Balears estará compuesta por cinco profesionales sanitarios -incluidas enfermeras- y otros cuatro juristas.
Oriol Lafau, psiquiatra y coordinador de Salud Mental del Govern; y Carmen Tomás-Valiente, profesora de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears, son dos de los miembros de una comisión que también incluye a Juan Santamaría, Ana María Espino, Joan Pou, Laura Monserrat, Juan Marqués, Josep Aguiló y Yolanda Muñoz.
Dos supuestos
Serán los árbitros que resolverán cada solicitud, despejarán dudas y verificarán que la eutanasia se aplique de acuerdo al procedimiento que marca la ley, asegurándose de que los pacientes cumplen los requisitos contemplados en la normativa para pedir una muerte digna. Asimismo, mediarán en casos en los que un primer médico haya denegado al solicitante la ayuda para morir.
La ley de eutanasia reconoce dos situaciones en las que será aplicable. La primera se refiere a una enfermedad grave e incurable en la que hay un pronóstico de vida limitado. El otro supuesto que se reconoce es sufrir una enfermedad grave, crónica o invalidante, como por ejemplo una ELA. En ambos casos, tiene que mediar un sufrimiento que el paciente considere insoportable y que debe acreditar durante el proceso de solicitud.
Asimismo, las personas que podrán acogerse a este nuevo derecho deben ser mayores de edad y estar en plenas facultades mentales para tomar una decisión tan relevante. El solicitante podrá elegir dónde finaliza sus días, si en un centro sanitario o en su propio domicilio, así como optar por autodosificarse el fármaco o solicitar que se lo administren. Asimismo, el médico responsable del paciente le asistirá durante todo el proceso.
El camino para solicitar la eutanasia se inicia con la consulta a dos médicos, y uno de ellos debe ser especialista en la patología del solicitante y, además, no debe haberle tratado anteriormente. Posteriormente se acude al arbitrio de la comisión.
En caso de que este organismo rechazara la solicitud de eutanasia, el paciente podría acudir a la justicia ordinaria.
Médicos objetores
En todo caso, la ley también se contempla el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no estén dispuestos a colaborar a la hora de facilitar esta nueva prestación. Está prevista la creación de un registro de objetores, aunque a día de hoy el Govern desconoce qué porcentaje aproximado de sanitarios de las islas rechazarán aplicar la eutanasia.
El Colegio de Médicos de Balears (COMIB) se ha manifestado contrario a la normativa. «Debemos garantizar el derecho a dejar de sufrir y a conservar la dignidad hasta el último momento. La muerte digna se puede manifestar de otras maneras. Nadie quiere morirse cuando le ofreces alternativas sostenibles como cuidados paliativos», valoró el pasado diciembre José Manuel Valverde, presidente del COMIB.
