El Govern aprovechó el decreto ley sobre la tramitación de los fondos europeos para arreglar la bajada de sueldo de casi el 3% que aplicó al personal sanitario a principios de año y que ha provocado duras críticas de los sindicatos sanitarios. El decreto ley se tramitara como proyecto de ley, lo que provocará que la oposición pueda presentar enmiendas, ya que el Pacto ha visto hoy en el Parlament que se quedaba en minoría para aprobarlo por la vía de urgencia como pretendía.
El 5 de enero, víspera de Reyes, el Govern hizo efectivo el recorte de sueldo que aplica a todo el personal estatutario de la comunidad, incluidos los médicos y resto de sanitarios, que incluye el 0,9% no abonado en 2020 y el incremento del 2% que les hubiera correspondido en 2021. Los representantes sindicales de los funcionarios pidieron al Govern que abone el 0,9% no pagado el año pasado en febrero y a la vez que se estableciera un calendario para abonar de forma periódica durante este año el 2% que se ha dejado de cobrar. No obstante, la Ley de Presupuestos de 2021 ejecutaba estos recortes salariales al personal sanitario que está luchando contra la pandemia de la covid-19. El pasado mes de marzo, la conselllera de Salud Patricia Gómez, anunció que este conflicto se solucionaría inyectando dos millones de euros, pero faltaba el mecanismo legal para hacerlo. La solución que han encontrarlo es colarlo en un decreto ley sobre fondos europeos como disposición adicional.
Ahora, desde el Ejecutivo utilizan el decreto ley de fondos europeos como norma escoba que permite enmendar otras leyes. En concreto, deja sin efecto el artículo 21 de la Ley de Presupuestos que hacia efectiva la rebaja del sueldo a los médicos y enfermeras de Baleares, la última comunidad autónoma que les había bajado el sueldo.
La ausencia de la presidenta Armengol, así como de otros diputados, ha provocado que el Pacto se quedara en minoría, ya que Més per Mallorca no quería aprobar el citado decreto por la vía de urgencia. De esta manera han aceptado votando todos a favor de tramitarlo vía ley y así podrá debatirse los diferentes puntos y presentar enmiendas a los artículos más conflictivos.
El citado decreto es el que permite otorgar subvenciones de 6.000 euros de forma directa y con una única declaración de responsabilidad, agiliza trámites de gestión y contratación y es el que da el beneplácito al Govern para dotar a la oficina de Fondos Europeos de funcionarios afines, en concreto cinco jefes de departamento. Asimismo, en su función de ley escoba, el Govern quiere que este decreto le permita dar validez jurídica a la aprobación y tramitación de proyectos para la reactivación económica y el cambio de modelo productivo.
Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, ha anunciado que pedirán al Consell Consultiu que emita un informe exprés sobre la validez o no de utilizar estos decretos ley tramitados por la vía de urgencia como leyes escoba donde se enmiendan y arreglan otras leyes. De igual modo, coincidiendo con el PP y El Pi, consideran que el Govern está “abusando” de los decretos ley y se “saltan la soberanía del Parlament”.
