Resulta cuando menos chocante que en un país en el que la vacunación es voluntaria para todos sus ciudadanos no lo sea para aquellos usuarios de residencias y grandes dependientes que precisen de un tutor legal por hallarse incapacitados para tomar sus propias decisiones.
Según se refleja en la sexta actualización de la estrategia nacional de vacunación, colgada en la web del ministerio de Sanidad el pasado martes 20 de abril, «en el caso de residentes y grandes dependientes en los que hay varios tutores legales que no están de acuerdo en cuanto a la vacunación, prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para estas personas, que es la vacunación, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo».
Preguntado el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) sobre si habían tenido que hacer uso de esta cláusula ante la negativa de algún tutor legal, señalaron que no, que no habían tenido ningún caso de estas características.
Esta precisión de la estrategia precede a otra en la que se reitera que «la vacunación frente a la covid-19 no es obligatoria» y se insta a registrar los casos de rechazo a la vacunación en un registro con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.
