Las consecuencias de la corrupción política no se saldan únicamente cumpliendo una condena en prisión. Porque una vez superada la pena de cárcel empieza un nuevo proceso ante la Agencia Tributaria, que reclama el pago de impuestos que no se han abonado por el dinero ingresado en comisiones políticas. Esta es la situación a la que en estos momentos se enfrenta el exconseller de UM en el Consell, Bartomeu Vicens, corrupto confeso que llegó a acumular hasta cinco condenas y que pasó una larga temporada entre rejas. Ingresó en prisión por cobrar comisiones ilegales, que camufló a través de una empresa sin actividad que compartía con su mujer. A través de esta sociedad facturó cerca de medio millón de euros, por su influencia política por la recalificación urbanística de unos terrenos en el polígono de Son Oms, en Can Pastilla.
Vicens, que hace tiempo que disfruta de libertad, afronta ahora un nuevo problema, esta vez con la Agencia Tributaria, ya que ha sido condenado a pagar los impuestos que no declaró hace más de 15 años por las comisiones que cobró. Fue Hacienda la que descubrió las irregularidades en la gestión económica del exconseller insular, al detectar su relación con la empresa Metalumba. Hacienda denunció este caso ante la fiscalía, que llevó a Vicens al banquillo en varios ocasiones. Al ir sumando condenas el expolítico decidió colaborar con la justicia y confesó el cobro de comisiones para él y para varios de sus compañeros de UM, entre ellos Maria Antònia Munar, por la operación de Can Domenge, en la que se repartieron cuatro millones de euros. El exconseller tendrá que hacer frente al pago de 167.325 euros. Se trata de los impuestos que debía abonar en su momento, pero que ocultó a la Agencia Tributaria al corresponder a las comisiones ilegales que recibió. Estas operaciones se remontan al año 2003. Hacienda inició una inspección para comprobar la liquidación del impuesto de IRPF que Vicens realizó junto a su mujer. Esta inspección estuvo muchos años paralizada, debido a que se inició una investigación penal contra el expolítico de Unió Mallorquina. Pero una vez resueltos todos los juicios que se iniciaron contra Vicens se reactivó la maquinaria tributaria. La inspección llegó a la conclusión de que el expolítico había ocultado más de 100.000 euros al no incluirlos en su declaración.
Ha sido el propio Vicens quien ha llevado este caso ante los tribunales. Alegó que la reclamación de la Agencia Tributaria había prescrito. Sin embargo, no ha conseguido su propósito, dado que los jueces le dan la razón a Hacienda y confirma la cuantía impagada y la consiguiente multa.
