­El Gobierno ha dado la espalda a Bartomeu Vicens, exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina, al negarle la concesión de un indulto para evitar que cumpla la segunda condena que los jueces de Palma le impusieron por corrupción. El Ejecutivo entiende que no se dan las circunstancias para que pueda beneficiarse con esta medida de gracia.

Vicens ya ha sido condenado en tres ocasiones. Las dos primeras sentencias le imponían sendas penas de tres años de prisión por casos muy parecidos. El exparlamentario había regalado fondos públicos a personas de su entorno, a cambio de una serie de trabajos que nunca se realizaron. El expolítico tramitó esta petición al Gobierno tras recibir la segunda condena, que le obligaba a cumplir otros tres años de prisión, pena que está cumpliendo en estos momentos.

El exportavoz parlamentario, desde su antiguo cargo público en el Consell de Mallorca, tramitó el pago de una ayuda a su amigo y antiguo socio, Alfredo Conde. El Consell abonó 11.930 euros a la productora Studio Media, que era propiedad de Conde, exdirector de Ona Mallorca, para realizar un programa de radio sobre el patrimonio de Mallorca, que ya se había emitido años antes. Este pago, según declararon probado los jueces, se hizo para premiar a la esposa de Conde, que actuaba como testaferro en la empresa personal de Bartomeu Vicens.

El Tribunal Supremo ni siquiera aceptó a trámite el recurso que planteó la defensa del antiguo político de Unió Mallorquina, al entender que los hechos eran muy claros. Vicens fue juzgado cuando ya se encontraba cumpliendo condena en la cárcel por regalar un contrato público a su antiguo contable, a cambio de que le proporcionara facturas falsas que le permitieran pagar menos impuestos.

Tras negarse el Supremo a revisar su sentencia, los abogados optaron por la posibilidad de solicitar un indulto al Gobierno, si bien desde el primer momento se sabía que las probabilidades de que fuera concedido eran muy limitadas. Por tanto, la decisión del Ejecutivo no ha sorprendido al expolítico, que sabía que era complicado que fuera premiado con esta medida de gracia, dado que todavía le quedan varias causas judiciales pendientes.

Tras más de tres años preso, Vicens decidió colaborar con la fiscalía Anticorrupción, a cambio de una reducción de pena. Confesó, por ejemplo, que en la operación por la venta del solar de Can Domenge se había realizado un pago de cuatro millones de euros a los políticos de Unió Mallorquina y que Munar fue una de las que cobró el dinero. También confesó que su exlíder política percibió una parte de las comisiones n por la recalificación urbanística del polígono de Son Oms.

Vicens ya disfruta de sus primeros permisos de salida. Se calcula que podría abandonar definitivamente la prisión a finales del próximo año.