Los promotores de Mallorca frenan las nuevas viviendas de menos de 350.000 euros

La explicación es simple: el empobrecimiento de muchas familias residentes y la dificultad creciente de éstas para acceder a una hipoteca está haciendo que las empresas del sector vayan a dar prioridad, ante cualquier nuevo proyecto que se ponga en marcha a partir de ahora, a segundas residencias, dado que la demanda extranjera sigue siendo sólida, y a los inmuebles destinados a clases de poder adquisitivo alto por ser los que presentan menos problemas de solvencia. Eso supone que una gran parte del producto que va a salir al mercado durante los próximos ejercicios va a tener un coste que quedará por encima de los 350.000 euros. Por debajo de esta gama, se opta por paralizar por ahora las tramitaciones.

Para empezar, eso supone dejar fuera del mercado a la inmensa mayoría de los jóvenes. Para acceder a una vivienda el comprador debe disponer del 20% de su valor (la hipoteca cubre el 80%) y de un 10% adicional para cubrir los gastos. Es decir, para comprar una residencia de 300.000 euros hay que tener 90.000 en el bolsillo, «y son muy pocos los jóvenes que disponen de esa liquidez», si no es porque se la cubre su familia, según destaca Luis Martín.

Pero ahora el problema se amplia por la débil situación económica en la que han quedado muchas familias debido a la crisis generada por el coronavirus, algo que se refleja en las promociones que ya están en marcha y en el número de personas que dan marcha atrás en su intención de adquirir la vivienda.

En este aspecto, se señala que los bancos están limitando el crédito a los posibles clientes afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que está generando muchas cancelaciones en compromisos de compra previos a la covid-19. Pero además, la salida de esta situación está siendo mucho más traumática de lo que se esperaba, lo que multiplica la incertidumbre y hace que las decisiones de adquirir una nueva residencia se aplacen.

Primeros golpes

Esta situación está provocando que alguna promotora «ya se la haya pegado» por impulsar un producto excesivamente caro para la clientela local y no alcanzar el ritmo de ventas que había previsto, lamenta el presidente de la patronal balear, que apunta que ello explica que ahora se trabaje con mucha más cautela a la hora de poner en marcha una iniciativa de este tipo, optando por frenar aquellas que podrían tener a las clases medias como clientes potenciales para centrarse en un producto dirigido a la demanda extranjera, a la espera de que pueda volver a viajar a Mallorca, y a las clases altas residentes.

Eso va a conllevar a lo largo de este año, según advierte el presidente de los promotores de las islas, una caída en los niveles de actividad en el sector de la construcción, ya que la mayor inversión en este campo procede de los proyectos residenciales, que comienzan a evolucionar a la baja, a lo que se suma un evidente recorte desde hace meses en los vinculados a la mejora de las instalaciones turísticas, al haber sido estas empresas las más duramente golpeadas por la crisis generada por el coronavirus. Hasta ahora, las empresas constructoras han sido las que han capeado mejor esa desaceleración económica al trabajar en el desarrollo de obras tramitadas antes de la pandemia. Esa paralización de proyectos va a conllevar el correspondiente impacto en materia de aumento del paro en esta actividad, según se reconoce.

Lenta reactivación

El problema radica es que una vez paralizados los proyectos más asequibles, pasarán años antes de que se puedan reactivar debido a la lentitud con que se siguen tramitando las licencias en muchos ayuntamientos, con esperas que pueden llegar a superar los doce meses, cuando la legislación marca un límite máximo de tres.

Pero Luis Martín no oculta que la pandemia no está haciendo más que agravar un problema ya existente antes de la covid-19, que desde el sector se achaca en una gran parte a un precio del suelo que, al menos en los municipios con mayor demanda, como Palma o Calvià, hace casi imposible desarrollar un producto asequible para clases medias residentes.

En este aspecto, insiste en que recientes iniciativas del Govern, como desclasificar algunos de los suelos urbanizables que existían, o el rechazo que se ha mantenido hasta ahora desde la Administración a la posibilidad de elevar alturas para que el impacto del valor del solar sea menor en el precio final del inmueble, lo único que consiguen es que estos problemas se cronifiquen.