Que todos los ciudadanos de Balears disfruten de seguridad lingüística es la prioridad de la nueva oficina de defensa de los derechos lingüísticos que ayer fue presentada en sociedad. En ella, los residentes podrán denunciar el acoso sufrido por hacer uso de un idioma oficial, ya sea catalán o castellano, además de informarse sobre los derechos lingüísticos y la normativa que los ampara.
En el caso de vulnerarse el derecho lingüístico, recogido en la Constitución, este órgano ejercerá un papel de mediador y de arbitraje en el que pedirá una rectificación a la parte infractora, al tiempo que reclamará una reparación por los daños causados. Pero en ningún caso se impondrá una sanción ya que este departamento no tiene competencia para ello.
«Confío en la mediación», declaró la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, quien aclaró que, pese a velar por ambas lenguas oficiales, «tenemos que tomar conciencia de que los derechos que son más probables que sean vulnerados son los de las personas que eligen utilizar el catalán». Según Vilaret, es esta realidad «la que provoca la misma necesidad que haya una oficina, porque el catalán es la lengua que está situada en una posición más débil».
En la misma línea se pronunció el conseller de Educación, Martí March: «La seguridad lingüística implica que los hablantes viven en un entorno en el que pueden elegir la lengua que quieren emplear, sin presiones». En este sentido, el conseller confió en que la oficina «ayudará a visibilizar el problema que supone demasiado a menudo que los catalanoparlantes tengan que renunciar al uso de su lengua». «Una renuncia que puede resultar incluso dolorosa», añadió.
March recordó que los derechos lingüísticos sufren aún en la actualidad las consecuencias políticas del mandato de José Ramón Bauzá entre 2011-2015, y confió en que este órgano sirva para «dar seguridad y defender a aquellos que crean que sus derechos han sido violados».
Según la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, la protección de los derechos lingüísticos desde la administración no empieza ni acaba con la oficina, y subrayó que, en 2020, la dirección general ha atendido una cincuentena de casos de discriminación lingüística, además de haber actuado de oficio.
En cuanto al nuevo órgano, que depende de la dirección general de Política Lingüística, se compondrá por un equipo de tres personas (director, asesor jurídico y auxiliar administrativo), y todos ellos forman parte ya del personal funcionario de la Comunidad.
Este servicio actuará con diferentes grados de capacidad de intervención en el ámbito de las administraciones públicas -en el marco de la mejora continua de los servicios públicos- y también en el ámbito de las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada. Cabe destacar que ya existen organismos similares en otros lugares, como la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat de Catalunya o la del País Vasco.
La Obra Cultural Balear ‘saluda’ al nuevo departamento
La creación de la oficina en defensa de los derechos lingüísticos fue celebrada ayer por la Obra Cultural Balear, que animó a los ciudadanos a utilizarla por tratarse de un servicio necesario dado el «contexto incesante de vulneraciones de los derechos lingüísticos» en la mayoría de ámbitos de la sociedad. La OCB alertó de que es imprescindible que la nueva oficina cuente desde el primer momento con una dotación de recursos humanos y presupuestarios suficientes.
