Dado que la sentencia ya es firme, la Universitat (UIB) reabrirá el expediente sancionador a Miguel Beltrán, el catedrático de Filosofía condenado por coacciones a una compañera de departamento, la profesora Lucrecia Borges. Desde noviembre del año pasado, Beltrán ha sido reubicado en el edificio de Sa Riera, fuera del campos y lejos de la facultad de Filosofía y Letras.
La UIB adoptó ese traslado como medida cautelar e inició un expediente sancionador. Dado que toda acción administrativa debe esperar y estar subordinada a la acción judicial, según han indicado hoy fuentes de la Universitat, la institución paralizó el expediente en enero al conocer que Beltrán había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo tras sentencia de la Audiencia de Palma. Dicho fallo lo condenó por coacciones a seis meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento por la que debe permanecer a más de 200 metros de Burges durante medio año y no comunicarse con ella en dos años, además de tener que indemnizarla con 6.000 euros. El catedrático presentó un recurso de casación que el Supremo no ha admitido a trámite, según se supo ayer.
La Universitat aún no ha recibido la notificación oficial sobre la decisión del Supremo, pero en cuanto la tenga reabrirá el citado expediente sancionador, cuya duración y alcance la UIB no puede precisar ahora ya que dependerá de las conclusiones a las que llegue el instructor tras recabar la información pertinente y hablar con las partes.
Beltrán continuará en el edifico de Sa Riera. No tiene clases hasta el segundo semestre. La UIB estudiará cómo organizar sus clases y si es necesario apostar por que las imparte 'online' (modalidad más presente que nunca este año debido a la pandemia) para ahorrar desplazamientos a los estudiantes. El curso pasado finalmente no hizo falta adaptar la enseñanza debido a la declaración del Estado de Alarma y la suspensión de las clases.
En julio de 2018 Miguel Beltrán fue declarado culpable en primera instancia de un delito de acoso, por el que fue condenado a cumplir un año de prisión y se le impuso una orden de alejamiento. El catedrático recurrió la sentencia y la Audiencia de Palma le absolvió del delito de acoso, pero estimó que los hechos probados sí fueron constitutivos de coacciones, por lo que fue condenado finalmente a medio año de cárcel y la citada orden de alejamiento de la víctima por un periodo de seis meses y la prohibición de comunicarse con ella durante dos años.
Según esos hechos dados por probados por la Audiencia, un ‘asistente personal’ de Beltrán (una persona ajena a la Universitat de les Illes Balears) se dedicó, entre 2014 y 2015, a perseguir y a hostigar a Burges por los pasillos de la facultad y por el campus.
Esta persona también insultó a la profesora, llamándole «zorra» y «puta». La sentencia también indicó que la motivación última del catedrático era la de «presionarla a dejar su docencia de la asignatura Antropología».
Durante el juicio, la profesora narró, entre otras cosas, que le llamaban por teléfono a su casa y a su despacho y un hombre le decía: «Criminal, delincuente, te vamos a denunciar ante la prensa y en los juzgados, has plagiado tu tesis, vete de la UIB, se va a hacer justicia contigo».
