El Gobierno central cuestiona seriamente el decreto de 8/2008 de reactivación económica del Govern, aprobado como ley el pasado martes, y ha amenazado con un recurso ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Entre otras cosas, el ministerio de Política Territorial a instancias del ministerio de Sanidad prohíbe al Ejecutivo autonómico regular la compra de Equipos de Protección Individual (EPI) contra el coronavirus y gel hidroalcohólico por la vía de urgencia y, además, priorice la adquisición a empresas de las islas.
Madrid ha publicado en el BOE y el BOIB la advertencia de que esta cuestión invade sus competencias y solicita abrir un proceso de negociación entre ambas administraciones para evitar un recurso de inconstitucionalidad.
El Estado recuerda que la contratación de emergencia de este material sanitario es «competencia estatal la definición de los procedimientos de adjudicación, así como la definición de las reglas que regulan los actos de adjudicación y preparación». Sobre la compra a las empresas de Balears, el Gobierno censura que «se establezcan criterios de arraigo territorial que podrían ser contrarios a la normativa nacional y comunitaria de contratación pública». Plantea cambios en la redacción del decreto de reactivación económica. Una redacción que deberá negociarse. Desde el Govern apuntan que algunos de estos puntos ya se han corregido durante la tramitación como ley del decreto.
Por otra parte, el Estado también cuestiona las ampliaciones hoteleras de hasta un 15% para relanzar el sector de la construcción. Madrid apunta que estas ampliaciones podrían vulnerar la Ley de Costas que impide aumentos de volumen en las edificaciones comprendidas en zona de protección de costa, como es el caso de la mayoría de establecimientos turísticos isleños.
De igual modo, no considera adecuado que se puedan realizar sin licencia y con una simple declaración de responsabilidad del promotor.
