El pleno del Parlament aprobó ayer definitivamente la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa, tras un largo debate en el que los grupos de la oposición coincidieron en que el resultado final de esta legislación no servirá para la pretendida reactivación de las islas. El texto final salió adelante con el respaldo único de los partidos del Pacto a la mayoría de sus artículos y con pocos cambios con respecto a lo ya negociado en comisión parlamentaria.

Las únicas enmiendas que se aprobaron ayer, de las 262 presentadas por los grupos, fueron tres de carácter menor, dos de ellas de El Pi (la supresión de la exención de licencia para actividades de equipamientos públicos) y otra transaccionada sobre placas solares. La otra enmienda aprobada, presentada conjuntamente por el PP y Més per Menorca, suponía añadir una disposición adicional por la que si el Govern no tiene personal en su bolsín para cubrir la plantilla del Museu de Menorca y la Biblioteca de Maó se recurrirá a la bolsa de interinos del Consell.

Los principales cambios respecto al Decreto aprobado en mayo por el Govern se habían producido ya en el debate en comisión, el más relevante el acuerdo con Més per Menorca por el que se rebajaba del 15 al 10 por ciento la posibilidad de ampliación de hoteles, aunque dejando en manos de los consells insulars la posibilidad de ese 15 por ciento por lo que en la práctica solo afectaría al final a Menorca.

Mientras que los representantes del Pacto, en especial la socialista Mercedes Garrido, defendieron que la Ley aprobada servirá para cumplir con los objetivos, y que los cambios introducidos la han mejorado desde el punto de vista de la izquierda, la oposición sostuvo lo contrario. Tanto El Pi como el PP, Ciudadanos y Vox coincidieron en que no servirá para los objetivos de reducir los trámites administrativos para una actividad económica o agilizarlos, por ejemplo.

Especialmente crítico se mostró Josep Melià, de El Pi, partido que en mayo había mostrado su apoyo al texto inicial del Govern y que ya había anunciado su desmarque tras los acuerdo entre las fuerzas del Pacto durante su tramitación en comisión. El texto resultante, según Melià, es “descafeinado y desolador”. Añadió que con la Ley aprobada ayer “no se impulsará nada y solo se simplificarán los procesos para la administración, mientras que los particulares seguirán sometidos a la misma burocracia de siempre”.

En el mismo sentido se expresaron Antoni Costa, del PP, Jesús Méndez, de Ciudadanos, e Idoia Ribas, de Vox,. La oposición centró sus críticas en cuestiones como que se haya limitado la utilización de la declaración responsable para obras, por lo que no afectará a grandes actuaciones, o que no se haya ampliado la posibilidad del cambio de usos de establecimientos hoteleros.

Las dificultades para alcanzar un acuerdo quedaron claras ayer incluso entre los partidos del Pacto, dado que con el respaldo del PSIB se rechazó incluso una enmienda conjunta de Podemos y Més que defendían que el aumento de edad de 12 a 15 años para computar como plaza turística no fuera más allá del 31 de diciembre de 2021, al considerar que esta medida puede convertirse en un aumento encubierto de plazas.