El caso Mar Blau fue el preludio de la presunta corrupción que salpica de lleno a la gestión de los puertos públicos de Balears. Un caso cuya sentencia no recogió la gravedad de los hechos que estuvieron investigando durante más de diez años y que el juez calificó en su momento de "corrupción sistémica". Es cierto que este caso afectaba a otros directivos que ya no están, pero la operación policial desarrollada por la Guardia Civil hace sospechar que se han repetido los mismos comportamientos ilegales.

El juicio de este caso de corrupción, que se remontaba al año 2012, se resolvió con el pago de unas multas, muy lejos de la propuesta inicial de la fiscalía Anticorrupción que solicitaba penas de prisión que alcanzaba los 52 años. Sin embargo, todo terminó en un pacto. A varios de los acusados se les declaraba inocentes. Otros reconocían su responsabilidad, pero ninguno ingresó en prisión. Solo asumieron el pago de una multa de 8.500 euros. De los doce acusados, solo tres fueron declarados culpables. Eso sí, todos tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados.

Un juicio que se celebró a principios del año pasado y que concluyó como terminan la mayoría de procesos de corrupción: un pacto entre acusación y defensa. Entre los principales acusados aparecían nombres de relieve, como por ejemplo el expresidente de la APB, Francesc Triay, que fue absuelto, mientras que su antecesor en el cargo, el popular Joan Verger, falleció antes de ser sometido a juicio.

En la lista de los doce imputados aparecían nombres tan significativos como el director de Puertos de Baleares, Ángel de Matías, el empresario Gerardo Díaz Ferrán (expresidente de la CEOE), o el directivo del grupo Marsans, Carmelo Hernández, que se declararon culpables a cambio de no ingresar en prisión. La sentencia, sin embargo, recogió las graves irregularidades que se habían cometido en las diversas concesiones otorgadas a los puertos de Maó, Eivissa y Formentera. El delito por el que fueron condenados fue la alteración de subastas.

Con este acuerdo, los acusados admitieron que el presidente de la Autoritat Portuària en la época del PP, Juan Verger, ofreció a los directivos del Club Marítimo de Maó la posibilidad de que se alterara a su favor el concurso, que habían perdido, por la explotación de los amarres. En compensación, les exigió que compensaran a la empresa ganadora, que era de Díaz Ferrán, con el pago de dinero y tres amarres de 27 metros de eslora, a cambio de renunciar a la adjudicación.