En el progresivo proceso de desconfinamiento, el temor a contagiarse del virus puede provocar un drástico descenso del uso de transporte público en detrimento del transporte privado, con las consiguientes consecuencias de congestión de tráfico y aumento de la contaminación.

Éste fue uno de los temas que se trataron ayer por la tarde en la reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, señaló que ésta es una de las múltiples variables que habrá que tener en cuenta durante la desescalada gradual, en la que, según remarcó, los ayuntamientos tendrán un "papel central".

Fiestas del verano

Entre esas variables, figura también qué pasará con las grandes fiestas del verano. El Firó de Sóller ya se ha suspendido, así como otras celebraciones del principio de verano. Por eso, ayer, la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) solicitó que se fije una fecha límite para la organización de fiestas populares, con el objetivo de que los municipios puedan planificar trabajo y evitar indemnizaciones a compañías organizadoras y grupos musicales derivadas de la suspensión sobrevenida de estos eventos. Esa petición se reiteró en una reunión con la presidenta Francina Armengol, en la que también participaron la consellera Pilar Costa y los presidentes de los consells insulares.

El presidente de la Felib, Antoni Salas, consideró necesario fijar estos plazos también para "no crear falsas expectativas" entre los vecinos de algunos pueblos. Por parte de la administración autonómica se recordó que los órganos competentes en esta materia son las juntas localdes de seguridad. "Son los órganos de coordinación e información entre las administraciones que hay en cada municipio en materia de seguridad y, en las cuales, están representados los ayuntamientos, su Policía Local, la Guardia Civil o la Policía Nacional, la Delegación de Gobierno y el Govern, a través de la dirección general de Emergencias y Protección Civil", informó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.