La Justicia ha empezado a prepararse ya para la avalancha de casos que llegarán a los tribunales tras levantarse el estado de alarma. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el previsible alud de procedimientos, acordó ayer elaborar un plan de choque para "evitar el colapso" y agilizar la resolución de los asuntos cuyo retraso pueden tener más repercusión en la recuperación económica y la atención a los colectivos más vulnerables. El órgano de gobierno de los jueces anuncia que serán necesarias reformas y medidas "de todo tipo" y ha acordado constituir un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional que analice las medidas a adoptar.
El CGPJ señala que cuando finalice el estado de alarma se producirá una situación "inédita y excepcional" en los juzgados ante la reanudación de la actividad suspendida -que obligará a reordenar señalamientos y poner al día los procedimientos- la incoación de nuevos asuntos que están "en espera" en los despachos de abogados y el incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto de las medidas adoptadas, como despidos, ERE, ERTE, procedimientos de la Seguridad Social, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por incumplir el confinamiento.
La comisión permanente acordó constituir un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional -civil, penal, social y contencioso-administrativo- para estudiar qué medidas deben adoptarse. Ya alerta de que serán necesarias tanto reformas procesales como ajustes organizativos y refuerzos de plantillas para hacer frente a la nueva situación.
Este plan de choque deberá diseñarse de forma coordinada con el ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas con competencias transferidas. El pasado martes, el ministerio de Justicia avanzó que se pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma, consensuado con el CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y la abogacía.
El real decreto en el que se aprobaron medidas urgentes complementarias de carácter social y económico para hacer frente a la pandemia obliga al Ejecutivo a aprobar medidas de agilización procesal para contribuir a la recuperación y da quince días para diseñar un plan tras el levantamiento del estado de alarma.
El decreto se centró en las jurisdicciones y los juzgados que previsiblemente tendrán más sobrecarga ante el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento.
