La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears iniciará una revisión exhaustiva y aleatoria de las declaraciones de patrimonio y de actividades del 40% de los cargos públicos del archipiélago. Empezará por comprobar si los políticos isleños más ricos han declarado todo su patrimonio. Después seguirá con los que afirman que tienen menos bienes para verificar si realmente poseen únicamente lo declarado. El objetivo de la Oficina es "comprobar e investigar las justificaciones de incremento de patrimonio de los cargos públicos".
El director del organismo, Jaume Far, dictó una resolución ayer donde hace público el plan de comprobación de las declaraciones presentadas por los cargos públicos de las islas. Los políticos deben presentar una declaración patrimonial en el momento de su nombramiento y cuando dejan el puesto. De igual modo, deben presentar de forma anual su declaración del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF) donde se detalla sus actividades.
En la legislatura 2019-2023, la actual, la Oficina Anticorrupción ha recibido del orden de 1.427 declaraciones tras los nombramientos en junio de 2019. Desde concejales de los ayuntamientos, cargos de los consells, diputados y los miembros del Govern. Por ello, si se revisa el 40% de las declaraciones, estamos hablando de un volumen que rondará las 600. El plan de comprobaciones de Anticorrupción explica que en los municipios de menos de 17 concejales se revisará la declaración del edil con mayor valor patrimonial declarado, el de menor, los directores y gerentes de empresas públicas, así como una revisión aleatoria del resto.
En los ayuntamientos de más de 17 concejales se revisará las declaraciones de los dos concejales con mayor patrimonio declarados y los dos con menos bienes. De igual modo, también serán comprobadas las declaraciones de gerentes y directores de empresas públicas y el resto de ediles de forma aleatoria.
En el caso de los diputados, cargos del Govern, consells insulares y otras entidades de la Comunidad Autónoma se revisará la declaración de los dos cargos públicos con mayor patrimonio, los dos gerentes y directores de empresas públicas con mayor número de bienes declarados.
Asimismo, revisará la de los dos políticos que hayan declarado menores bienes. Del resto, habrá una selección aleatoria hasta llegar al 40% de los cargos de cada institución. El plan de revisión de la Oficina de Lucha contra la Corrupción advierte de que también pueden ser seleccionados los políticos "en función de los resultados de las herramientas de análisis de riesgo".
Por lo que hace referencia a la selección aleatoria, las declaraciones a revisar se seleccionarán de "manera proporcional y equidistante entre el primer y el último declarante no revisados como personas con mayor y menor patrimonio declarado".
Anticorrupción pasa revista
En un primer momento, la Oficina Anticorrupción realizará la revisión de las declaraciones de bienes y de actividades de los políticos presentadas a raíz de su toma de posesión. Las del momento del cese se acometerán en los 12 meses siguientes. El director de la Oficina, Jaume Far, considera que la "mejor forma de resolver cualquier conflicto de interés y que las administraciones tengan la capacidad de detectarlos, es fijando obligaciones de declaración del patrimonio personal o familiar".
Entre las funciones encomendadas a la Oficina Anticorrupción está la de gestionar el registro de declaraciones de los cargos. Para acometer su comprobación se podrá solicitar información de los cargos políticos a registros de la propiedad y mercantiles, notarios, registro de fundaciones y cualquier otro registro de titularidad pública.
CONTENIDO_RELACIONADO
- Jorge Campos es el único líder que no declara su patrimonio a Anticorrupción
- La Oficina Anticorrupción de Baleares puso en marcha 29 investigaciones durante 2019
FIN_CONTENIDO_RELACIONADO
