P ¿Puede un ciudadano decidir libremente sobre cómo quiere acabar su existencia cuando sus necesidades básicas no están cubiertas?

R El suicidio está despenalizado en este país, pero si de lo que estamos hablando es de eutanasia, ahora se está tramitando una ley que despenaliza la muerte asistida por los servicios públicos previa solicitud del paciente. Que tenga o no resueltas sus necesidades básicas es otra cuestión.

P Se estima que en este país unas ochenta mil personas llegan al final de su vida en esta situación, sin tener acceso a cuidados paliativos. ¿Coincide con esta cifra?

R Más o menos. Lo que hay que hacer con la ley de eutanasia es no tener en cuenta las legislaciones que se han hecho en países de nuestro entorno sobre este asunto. En Holanda, sin ir más lejos, su propia Fiscalía estima que el 15% de sus fallecimientos anuales se producen por esta vía. Extrapolando ese porcentaje a las muertes anuales de nuestro país, unas 45.000 personas podrían pedir la eutanasia cada año en España.

P ¿Quién decidirá que la persona solicitante de esta futura prestación pública padece un sufrimiento físico y psíquico que avale su solicitud de ayudarle a morir?

R En primer lugar el médico que le atiende, que deberá recabar la opinión de un colega. También existirá una comisión de control en cada comunidad autónoma ya que todas tienen las competencias sanitarias transferidas.

P ¿Considera garantistas estos filtros

R No, en ningún modo. Porque por mi experiencia como jefe de Paliativos he comprobado que las peticiones de adelantar la muerte cambian mucho en el tiempo, de un día a otro.

P ¿Qué le parece el plazo de 15 días establecido entre una petición de eutanasia y la siguiente para darle credibilidad?

R Tampoco estoy de acuerdo. ¿Sabe usted el tiempo que se tarda en evaluar el estado psíquico de un paciente? Meses. Meses de trabajo por parte de un equipo multidisciplinar, no solo del médico responsable de ese paciente. Es muy difícil determinar el grado de capacidad de una persona.

P La ley se está tramitando de forma exprés evitando un dictamen previo tanto del Comité de Bioética al que ud. pertenece como del Consejo de Estado...

R Para la tramitación de la ley no son necesarios ninguno de estos dictámenes. No son necesarios, por eso va a salir [la ley] en junio, claro.

P No es obligatorio pero en cuestiones de este calado sí han sido consultados antes...

R Nunca se ha tramitado una ley de este calado de la forma que se ha presentado ahora, según tengo entendido. Y sospechamos que no lo van a pedir.

P En caso de que se les solicitase, ¿cuál cree que sería el resultado?

R El Comité de Bioética lo conformamos 12 personas y decidiríamos de forma consensuada con votos particulares. Yo puedo responder por mí pero no por los otros vocales, evidentemente. Y los dictámenes son complejísimos, un trabajo de meses. Aportamos razonamientos y consejos que no son vinculantes.

P ¿Qué le parece que se haya saltado este trámite?

R Lo que el sentido común indica, que no quieren someterse a dictámenes de expertos sino a una urgencia basada supuestamente en una necesidad social

P ¿Existe esa necesidad social?

R Para mí no, desde luego. Está basada en una encuestas absolutamente torticeras con unas preguntas que no tienen sentido, que nada tienen que ver con la eutanasia. Hablaban sobre el derecho a la muerte digna, pero eso no es eutanasia. Yo trabajo con enfermos al final de la vida y le puedo garantizar que el 80% de mis pacientes no me piden la eutanasia.

P ¿Prevé que haya muchas objeciones de conciencia por parte de los médicos?

R Yo creo que sí, pero es algo que pasó al principio en Holanda y luego poco a poco fue cayendo en una cierta laxitud y los médicos acabaron incluyéndola en el proceder de su día a día.

P ¿Cómo se ejecutará? ¿Suministrará el médico el medicamento o lo recetará para que el paciente se la autoadministre?

R Una cosa es el suicidio asistido en el que se le deja la medicación al paciente para que la tome cuando lo considere adecuado y otra la eutanasia que implica una conducta activa del médico. Pero no será el médico, sino el sistema público de salud, será una prestación más de la cartera de servicios.

P ¿Le parece una prestación necesaria?

R Acabar con la vida de un paciente no es un acto médico.

P ¿Qué pasará en el caso de los niños? ¿Quién dará el consentimiento?

R Esta ley habla solo de mayores de edad y los niños quedarían excluidos. Pero el día de mañana se puede introducir alguna alegación o cambiar su redactado.

P ¿Y con las personas con discapacidad intelectual?

R La ley también dice que tienen que ser capaces. La solicitud de eutanasia tiene que ser capaz, tener capacidad.