La pretensión de Argelia de intentar ampliar su soberanía marítima se produjo en abril de 2018 a través de un decreto firmado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, que incluía las aguas del Mediterráneo que rodean a Argelia, desde la frontera de Marruecos a la de Túnez, en una zona económica exclusiva (ZEE).
Según el decreto hecho público entonces, a partir de esa fecha y "en su zona económica exclusiva, la República Democrática Popular de Argelia ejerce sus derechos soberanos y jurisdicción de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular la Parte V".
A este respecto, el gobierno argelino argumentaba que "en el derecho del mar, una zona económica exclusiva es un área marítima sobre la cual un Estado ribereño ejerce derechos soberanos en materia de exploración y uso de recursos".
"Mientras que las aguas territoriales se extienden hasta 12 millas náuticas (21,6 kilómetros) desde la línea de base estatal, la ZEE se extiende hasta 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) desde sus costas al máximo. Más allá de eso, son aguas internacionales. Las nuevas disposiciones se vuelven aplicables contra terceros Estados", recalcaba.
"Los límites externos de la zona económica exclusiva pueden, si es necesario, modificarse en el marco de acuerdos bilaterales con los Estados cuyas costas son adyacentes o que se enfrentan a las costas argelinas", especificaba el decreto.
Negociación bilateral
España dejó este miércoles claro a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que este es un tema que deben negociar ambos países y que hasta el momento no hay más que "pretensiones" con las que España no está de acuerdo.
La ministra española recordó que "a partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado".
Por ello, la ministra pidió tener "cuidado" con el uso de expresiones como "se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido".
Una ambición argelina desde la década de 1990
La posible ampliación de la zona marítima, que según el gobierno de Baleares afecta al Parque natural en la isla de Cabrera, ya desató una agria polémica en 1994, año en el que Argelia anunció que ampliaba de forma unilateral sus aguas jurisdiccionales un máximo de 53 millas marítimas -95,5 kilómetros-, superando de esta manera la franja de 12 millas que se atribuyen tradicionalmente los países mediterráneos.
La decisión, que fue después retirada tras las protestas del gobierno español, estaba incluida en un decreto ley elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y aprobado por el Consejo de Ministros, y su objetivo declarado era "potenciar la industria de la pesca y poner fin al monopolio que sobre este sector mantiene la Administración desde 1976".
Búsqueda de nuevos recursos petroleros
La decisión de gobierno argelino en 2018 se produjo dos meses antes de que la empresa española Gas Natural y la compañía estatal de hidrocarburos argelinos Sonatrach anunciaran la ampliación hasta 2030 del acuerdo de explotación y suministro de gas que expiraba en 2021.
Y en plenas negociaciones con otras multinacionales del sector petrolero y gasístico como la italiana ENI para iniciar la explotación de recursos y reservas polémicas, como el gas esquisto que se esconde en los yacimientos del sur argelino.
A finales del pasado año, días antes de la elección del nuevo presidente, Abdelmejid Tebboun, el Parlamento argelino aprobó la nueva ley energética que permite y facilita la explotación de estos recursos.
Crisis petrolera
Argelia está sumida en una grave crisis económica desde que en 2014 se desplomaran los precios del petróleo y el gas, materias que son la base de su frágil economía y que suponen el 95 por ciento de las exportaciones de un estado sin tejido industrial.
El empecinamiento del gobierno argelino por mantener los onerosos subsidios estatales, incluidos al combustible, y la paz social a pesar de la caída de los ingresos, hizo que en apenas cinco años consumiera más de la mitad de las reservas nacionales de divisas, calculadas en 178.000 millones de dólares en 2014.
Y fue una de las razones de la crisis política que el pasado abril acabó con el largo gobierno de Bouteflika, obligado a dimitir por las protestas populares en la calle y la presión del Ejército.
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