El conseller de Educación Martí March y sus ocho homólogos socialistas en el resto del país han hecho público hoy un manifiesto en el que cargan contra el veto parental defendido por VOX y que el PP y Ciudadanos han aceptado aplicar en Murcia: un sistema que permitiría a los padres excluir a sus hijos de las charlas, actividades o talleres realizadas en horario lectivo.

En el texto publicado hoy por El País, March y el resto de firmantes deploran que con el veto parental los citados partidos "atentan contra los derechos de los menores" y "pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo para imponer un autoritarismo ciego y acrítico".

La carta comienza recordando que "es obligación de los poderes públicos proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución española, y los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes" y señala que entre ellos está el "del derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho de participación, asociación y reunión". Estos derechos, indican los consejeros, "se deben ejercer progresivamente tanto en el medio escolar como en el familiar porque el interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa son imperativos legales". Los firmantes argumentan que la información suministrada a los menores "debe ser siempre 'veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales'", según marca la ley.

Por eso, estos nueve consejeros creen que con el veto parental se pueden "restar oportunidades de aprendizaje" a los propios hijos e hijas al impedir que participen en actividades junto a sus compañeros y compañeras de clase, imponiendo "una anómala exclusión en horario escolar"; algo que, denuncian, "atenta contra los derechos de los menores que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado están obligados a proteger, por imperativo legal".

"Iniciativas como la prohibición de actividades escolares, por parte de sus tutores, como la del llamado 'pin parental', no tienen cabida en nuestro sistema educativo", indican los firmantes, que recuerdan que existen canales de participación a disposición de las familias a través de las asociaciones de padres y los consejos escolares, en los que los padres tienen voz y voto a la hora de aprobar las programaciones de centro en las que se incluyen las actividades que se van a desarrollar; unas programaciones que salen adelante "bajo la supervisión de la Inspección", subrayan, "que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos".

Señalan que "la escuela es un lugar de convivencia en el que una comunidad de aprendizaje cooperativo garantiza para los menores el derecho a la educación que, en nuestro ordenamiento jurídico, está vinculado, además, con la libertad de cátedra".

En el manifiesto los consejeros socialistas concluyen que "la libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras", algo que califican de "obviedad" aunque hoy se ponga en cuestión por "los que buscan que nos centremos en polémicas estériles por su nulo recorrido jurídico" y que "pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico".

"Frente a todo sentido común", deplora March y el resto de firmantes, "llaman libertad a prácticas que la aniquilan, e incluso esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho". Así, creen que se demuestra "inexistente" su "compromiso democrático así como su adhesión a los principios constitucionales".

Martí March y el resto de consejeros socialistas de Educación se definen como responsables "de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales" y por ello se alzan contra "vetos y censuras absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores". Ésa es, apuntan, "la misión de la educación" y se cimienta así "el ejercicio futuro de la ciudadanía en una democracia constitucional".

El bautizado como 'pin parental' por Vox ha sido una condición impuesta por la formación de extrema derecha para dar su apoyo a los presupuestos de la comunidad en Murcia, condición que han aceptado el PP y Ciudadanos (aunque este partido ha indicado, tras estallar la polémica, que encargará un informe jurídico para aclarar si la medida es legal). El Gobierno ha enviado un requerimiento al ejecutivo de la comunidad de Murcia para que se abstenga de modificar los decretos de currículos para encajar este veto parental y ha anunciado que lo llevará a los tribunales.