Los hijos de Lucía Patrascu reclaman 240.000 euros al Estado

La familia de la víctima, representada por el abogado Antoni Monserrat, ha interpuesto una reclamación patrimonial contra el ministerio de Interior al considerar que existe una responsabilidad de la Administración porque los agentes que se entrevistaron con la mujer el día del crimen no siguieron el protocolo de violencia de género (viogén) vigente en esas fechas. Por ello, la mujer se marchó de las dependencias policiales del Port de Pollença sin la denuncia por escrito y sin ninguna medida de protección.

Los familiares de Lucía Patrascu ya habían anunciado esta reclamación por la vía administrativa, pero el expediente estaba en suspenso mientras los procedimientos penales continuaban abiertos. Ahora, las dos causas penales ya están cerradas. Por un lado, el procedimiento que se seguía en un juzgado de instrucción de Inca contra cuatro guardias civiles investigados por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de denegación de auxilio por no atender a la mujer y recoger su denuncia por escrito ya se ha sobreseído. La magistrada ha archivado este caso La magistrada ha archivado este caso al no existir ningún tipo de acusación. Mientras, por otro lado, la sentencia del jurado popular, que condenó a 22 años de prisión por asesinato a Ioan Ciotaucondenó a 22 años de prisión por asesinato a Ioan Ciotau, el esposo de Patrascu, ya es firme.

Alzar la suspensión

Así, el abogado de la familia, Antoni Monserrat, ha formalizado ya la reclamación contra el ministerio de Interior y ha pedido que se alce la suspensión de la tramitación del expediente abierto.

El letrado ha concretado la compensación económica que solicitan sus clientes: 240.000 euros en total, 120.000 euros para cada hijo.

La representación letrada de los dos hijos de Lucía Patrascu ha remitido a la Dirección General de la Guardia Civil los recientes autos judiciales en los que declara la firmeza de la sentencia condenatoria por el crimen machista y del auto de sobreseimiento provisional respecto a los cuatro guardias civiles investigados. Además, el abogado ha aportado el protocolo viogén que estaba vigente a mediados de 2016 y el contundente auto de la Audiencia de Palma que ordenó reabrir el caso de los guardias civiles, practicar nuevas diligencias e imputar a otros dos agentes en mayo de 2018.

Ahora, una vez interpuesta la reclamación patrimonial contra el ministerio de Interior, la Administración tiene seis meses para contestar. Si la vía administrativa no prospera, la familia de la víctima podría acudir a la Audiencia Nacional e interponer un recurso contencioso administrativo.

Los hijos de la mujer asesinada en el Port de Pollença consideran que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración por daños por no haberse seguido el protocolo viogén cuando su madre acudió de madrugada al cuartel de la Guardia Civil para denunciar a su marido.

La Fiscalía, en un extenso informe, apreció "deficiencias y disfunciones" en el servicio que prestaron los agentes a la mujer. Patrascu llegó a entrevistarse con cuatro guardias diferentes en la entrada del cuartel y no en una habitación aparte, hubo falta de comunicación entre los agentes, uno de ellos se marchó sin esperar a su relevo que llegó tarde, según el fiscal.

Expediente abierto

Los cuatro guardias civiles que fueron investigados por omisión del deber de perseguir delitos y denegación de auxilio por un juzgado de Inca, caso que ha sido archivado recientemente, tienen un expediente abierto en el Instituto Armado. El abogado de los hijos de Lucía Patrascu pidió que se adoptaran las oportunas medidas disciplinarias contra los agentes investigados en cumplimiento del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. La magistrada de Inca que ha sobreseído la causa ha ordenado remitir su resolución al Negociado de Expedientes de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears para que se incluya en el expediente abierto por estos hechos. De forma paralela al régimen disciplinario, ahora se mantiene abierta la vía administrativa.