03 de diciembre de 2019
03.12.2019
Política

El Govern quiere atajar con un decreto ley el turismo de borrachera en Mallorca e Ibiza

Las medidas a adoptar contra los excesos del alcohol y el 'balconing' afectarán a Magaluf, Playa de Palma y Sant Antoni de Portmany - El texto impondrá fuertes multas y expulsiones "inmediatas" de hoteles

03.12.2019 | 02:45

Una ley de excepcionalidad ante una situación excepcional. El Govern Armengol está decidido a poner coto a los desmadres del 'turismo basura' en las zonas calientes de Mallorca y Eivissa. La conselleria de Turismo lleva semanas preparando un paquete de medidas legales que pretenden atajar los excesos de alcohol y los desmanes que se derivan, el principal, el balconing. En un contexto de incertidumbre en el sector, especialmente golpeado tras la caída de Thomas Cook, el Govern busca vender a Balears como puntera y efectista ante los principales foros europeos contra esta problemática. Quiere huir de iniciativas puramente simbólicas –los policías británicos (bobbies) que en verano patrullan por Balears–, y de propuestas contraproducentes –instalar hospitales de campaña en pleno ocio nocturno, que según expertos podrían provocar el efecto llamada–; o partidistas –el Ejército vigilando estos puntos, Vox dixit–.

En el combate contra el turismo de borrachera se ultima un decreto ley, cuyo despliegue estará centrado en tres áreas conflictivas: Punta Ballena (Magaluf), la calle del Jamón (Playa de Palma), y Sant Antoni de Portmany (Eivissa). En la sede de la calle Montenegro, con el conseller Iago Negueruela al frente, se trabaja en el borrador de este decreto ley que presenta mucha complejidad habida cuenta de que está pensado para actuar en tres puntos muy concretos de Balears, y no será de aplicación en el ámbito general.

Grosso modo, el decreto ley dará cobertura a actuaciones policiales y fuertemente sancionadoras ante la venta descontrolada de alcohol en las zonas calientes y su consumo en espacios públicos. Fuentes del Govern hablan de multas de decenas de miles de euros a los establecimientos que dispensen bebidas alcohólicas en determinadas condiciones y horarios, así como la posibilidad de decretar "su cierre hasta tres meses" en plena temporada alta. Se pretende, de facto, clausurar los locales más polémicos y prohibir las grandes ingestas de alcohol en las calles de Punta Ballena, del Jamón y de la localidad ibicenca de Sant Antoni.

En cuanto al balconing, el decreto ley obligará a los hoteles donde se detecte esta práctica a "expulsar con efecto inmediato a los clientes" que la lleven a cabo. También amparará la imposición de sanciones a los establecimientos que no adopten medidas contundentes contra los turistas –por lo general jóvenes británicos– que se lanzan temerariamente desde los balcones de las habitaciones a la piscina, arriesgándose a morir.

El Govern recurrirá a la figura del decreto ley, pensada para casos excepcionales y por razones que deben ser justificadas, porque acorta los plazos de tramitación en el Parlament.

En vigor la próxima temporada


Por lo que ha sabido este diario, Negueruela ya ha comunicado al resto del gabinete la normativa pionera que impulsa, y tiene prisa. La intención es que se apruebe en enero, se convalide cuanto antes en la Cámara autonómica, y así esté en vigor en la próxima temporada turística de 2020.

El principal reto al que se enfrentan los servicios jurídicos es el encaje del decreto ley en la variada legislación supra autonómica. El Govern tendrá que negociar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para evitar un recurso de inconstitucionalidad, como suele ser la tónica habitual entre Madrid y Balears.

También se deberá encontrar la fórmula para implicar a la Policía y Guardia Civil, a la vez que se requiere no entrar en conflicto con las directivas europeas en materia de libre comercio y libertades individuales. A favor de la medida legislativa está el ingente gasto sanitario que provocan los desmadres en Magaluf, Playa de Palma y Sant Antoni, así como sus consecuencias mortales. Precisamente los profesionales hospitalarios de Son Espases son unos de los principales actores que demandan una respuesta de las instituciones a este problema ya no solo de imagen y marca turísticas.

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