El Govern anunció ayer que va a crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Esta oficina, que entrará en funcionamiento dentro de dos meses, estará adscrita a la conselleria de Educación, la UIB y la dirección general de Política Lingüística del Govern. Además de actuar en el ámbito de la administración autonómica, también tiene previsto hacerlo en otras administraciones públicas, así como ante órganos privados que vulneren estos derechos de los ciudadanos.
En principio este nuevo órgano público dispondrá de tres funcionarios y todavía no se ha decidido su asignación presupuestaria. Podrá actuar de oficio o ante una denuncia.
Por otra parte, el Govern mantiene las puertas abiertas a seguir negociando el contenido de la futura ley de educación, cuyo anteproyecto ha sido presentado esta semana por el conseller Martí March. Pilar Costa, portavoz del Ejecutivo, respondió ayer a las amenazas que ha anunciado el partido político Més, socio de Gobierno, que aseguró que votaría en contra de esta ley si no se establece que el catalán sea la única lengua vehicular en la educación de las islas. Costa aseguró ayer que el texto que se presentará para que sea aprobado en el Parlament será una propuesta conjunta de todo el Govern, pero señaló que aún falta mucho tiempo para su aprobación definitiva y que, por ello, todavía se puede combatir su contenido.Propuestas
Recordó también que el texto que presentó el conseller March recoge la mayor parte de las propuestas que planteó la plataforma Illes per un Pacte, cuyos integrantes han estudiado durante años las mejoras que precisa la educación en las islas. Negó la acusación de Més, que afirmó que el conseller March se había negado a consensuar esta ley con el resto de partidos que apoya al Govern. Costa aseguró que el conseller ha estado hablando con todos los partidos e insistió en que si se aprueba esta ley, los que más se van a beneficiar serán los escolares.
