22 de octubre de 2019
22.10.2019

El Tribunal Constitucional avala la Ley de Caminos y Rutas Senderistas del Consell

Rechaza el recurso del PP que argumentaba que la institución insular podía acometer expropiaciones forzosas, mientras Miquel Ensenyat considera que es un "instrumento para poner el territorio al servicio de las personas"

22.10.2019 | 17:59
Barranc de Biniaraix, en Sóller

El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso del Partido Popular y avala la constitucionalidad de la Ley de Caminos y Rutas Senderistas, impulsada por el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura. Los populares, junto a la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, consideraban que la ley daba potestad a la institución insular para acometer expropiaciones forzosas sin utilidad pública. Sin embargo, el Pacto de Izquierdas, justo antes de la aprobación de la norma, cambió el texto y la palabra expropiación desapareció del redactado definitivo. De todas formas, el Constitucional también ha rechazado los argumentos de los populares que consideraban que se "atentaba contra el derecho a la propiedad".

Miquel Ensenyat, presidente del Consell el pasado mandato y que en la actualidad es portavoz de Més en el Parlament, ha declarado hoy que el recurso presentado por el PP a través del Congreso de los Diputados "era un atentado contra el autogobierno y una ofensa a la gente que ama esta tierra".

El diputado nacionalista ha defendido que la ley "es un instrumento para poner el territorio al servicio de las personas y evitar su privatización" y que daba respuesta "a una reivindicación histórica" por lo que "la respuesta de los tribunales no podía ser otra". "Estábamos plenamente convencidos de que aprobábamos una normativa justa que garantizaba que nadie se apropie de lo que es de todos", ha apostillado.

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PP contra la Ley de Caminos Públicos y Rutas Senderistas de Mallorca y Menorca. El PP consideraba que la norma facultaba a la administración para llevar a cabo expropiaciones forzosas sin utilidad pública o interés social, argumentos que ha rechazado la Sala.

La ley fue impulsada por el Consell en la pasada legislatura. Inicialmente, el texto se limitaba a Mallorca, pero durante la tramitación parlamentaria se incluyó a Menorca. Fue aprobada por el Parlament en diciembre de 2018.

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