El Parlament balear aprobó ayer la Ley de Caminos Públicos y Rutas de Interés Excursionista de Mallorca y Menorca con un intenso debate que en gran medida giró en torno a la acusación por parte de los grupos de la oposición de que se trata de un texto que atenta contra la propiedad privada, el sector agrario y la seguridad jurídica, frente al argumento de los partidos que apoyan al Govern de que se es una vía para proteger el patrimonio público y el medio ambiente. Desde el PP ya se ha anunciado que derogará esta normativa si en el futuro se pone al frente del Ejecutivo autonómico.
Esta ley contempla la creación de un catálogo de caminos públicos y medidas para recuperar aquellos que han sido cerrados por particulares, al igual que la creación de una zona de protección de estas vías o el impulso a las rutas senderistas. Uno de los aspectos más polémicos gira en torno a la posibilidad de expropiar aquellos caminos que hayan sido privatizados de hecho por parte de los propietarios de los terrenos o para la implantación de rutas de interés excursionista. Además, fija sanciones de hasta 20.000 euros en los casos más graves, como cerrar esos caminos o provocar daños en su estructura.
Esta ley, que parte de una iniciativa del Consell de Mallorca a la que luego se sumó el de Menorca, solo será aplicable en estas islas, quedando al margen Eivissa y Formentera, aunque se dejó la puerta abierta a que éstas últimas se sumen posteriormente a la misma.
La posibilidad de aplicar las citadas expropiaciones generó algunas de las intervenciones más polémicas. El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, consideró que se trata de una ley elaborada por "los que consideran que la propiedad privada es un accidente", mientras que desde El Pi, Josep Melià cuestionó la posibilidad de recurrir a expropiaciones para el desarrollo de rutas senderistas o el que se cree una zona de protección de tres metros a cada lado de los caminos públicos, punto este último que consideró un sinsentido teniendo en cuenta de que no se trata de carreteras. También denunció una invasión de competencias municipales por parte de los consells insulars. Aunque se mostró favorable de que exista un régimen jurídico para las islas en esta materia, consideró que la ley que se aprobó ayer no es la adecuada.
Antonia Perelló, del PP, enlazó su cadena de críticas a la ley subrayando la falta de consenso con la que se ha elaborado, y denunció que el objetivo real de la misma es facilitar la expropiación de aquellos caminos en los que existen dudas respecto a si son de titularidad pública o privada. Además, puso de relieve la influencia de Podemos ante lo que consideró como un ataque a la propiedad privada en la regulación de las rutas senderistas, al contemplar la posibilidad de declararlas de utilidad pública. También lamentó lo que en su opinión es un nulo protagonismo del sector primario en el citado documento.
Defensores de la ley
Sin embargo, los argumentos de los grupos que respaldan al Govern fueron radicalmente distintos. El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, subrayó que lo que se busca es preservar la red de caminos públicos existente en Mallorca y Menorca, como un elemento de lucha contra la especulación urbanística que en su opinión lidera el PP, y destacó la importancia que éstos tienen para el mundo rural.
Por parte de Més per Mallorca, Miquel Gallardo, defendió la protección de este patrimonio de las islas, y rechazó que se produzcan ataques a la propiedad privada, ya que el objetivo es garantizar que los caminos públicos mantengan esa categoría.
Desde el PSOE, Damià Borràs insistió en que se trata de una ley de caminos públicos y no contra la propiedad privada, pero recordó que hay titulares de terrenos que han terminado haciendo suyas esas vías. Además, consideró que la proyección de estos caminos puede ayudar a que los beneficios del turismo lleguen a los isleños que viven del campo. Borràs defendió que el interés privado está por encima del público y recordó que en caso de discrepancias, siempre serán los Tribunales los que tengan la última palabra.
El portavoz socialista hizo otra advertencia a los populares: en el supuesto de que alguna vez el Partido Popular se vuelva a poner al frente del Govern, no se atreverán a derogar esta ley debido al respaldo que se va a generar en torno a ella.
