El juez Penalva y el fiscal Subirán presentaron ayer en el juzgado su escrito de alegaciones, con el que pretenden desmontar el atestado policial, en el que se les acusa de formar una organización delictiva con el propósito de perseguir a Cursach. Los dos funcionarios, ahora de baja, afirman que los dos inspectores de Policía, conocidos como "los Juanes", han fabricado un atestado a la medida de Cursach, para conseguir desmontar toda la causa, con la colaboración necesaria del fiscal Carrau, del juez Florit y del exinspector Antonio Suárez. Y aseguran que el atestado, que se basa en la interpretación de unos mensajes en WhatsApp entre ellos dos y los policías del Grupo de Blanqueo, no contiene más que una interpretación "sesgada y malintencionada" de los mensajes que se escribieron durante la investigación. También niegan las filtraciones a a este periódico que les atribuyen los dos inspectores de Policía, dado que en su escrito aportan pruebas que demuestran que las informaciones que cita el atestado aparecieron publicadas en varios medios a la vez. Además, recuerdan, que estas noticias se refieren a episodios que no estaban bajo secreto, con lo que desaparece el delito de revelación de secretos que les atribuye los distintos atestados de "Los Juanes".

El abogado Javier Barinaga, firmante del escrito de 115 folios, afirma que son los policías que intentan desmontar todo el caso Cursach, y no sus clientes, los que participan en una organización criminal, confeccionando atestados que contienen datos falsos, sesgados o sacados de contexto. E insiste en que, "aún cuando se quiere dar la apariciencia de que van saliendo nuevos chats, son los mismos que en el primer atestado. Son reiterativos y lo único que se hace es reinterpretar maliciosamente su contenido".

Penalva y Subirán quieren demostrar con estas primeras alegaciones, con las que se defienden en el juzgado de las acusaciones policiales, que los atestados "están confeccionados con clara intención de predisponer al juez". Es decir, aseguran que los autores primero hacen una valoración de las conversaciones y después insertan parcialmente estos mensajes. "Se concluye antes de exponer", denuncian. "La realidad es que de un chat de varios años, con conversaciones prolijas, tras el análisis que los ascendidos (los dos inspectores) hacen del mismo, no existe ni una sola conversación que evidencia, ni siquiera indiciariamente una sola revelación por parte de sus integrantes. Es evidente ante qué tipo de actuación policial nos encontramos, en coordinación con Carrau y Suárez, y todo con la finalidad de destruir a mis representados para de esta forma destruir la causa Cursach", denuncia el letrado.

Penalva y Subirán inciden en las graves deficiencias que reflejan los atestados de la Policía, donde se recogen datos falsos para justificar la investigación. También aportan junto a su escrito pruebas de las noticias publicadas el mismo día en varios medios, que los inspectores de Policía les atribuyen como filtraciones a un solo periódico. Recuerdan que el hecho de que una noticia sobre una actuación en el juzgado se publique cuando el caso no está bajo secreto no representa ningún delito de revelación, citando algunas resoluciones judiciales que así lo señalan. También recuerdan que las noticias que la Policía les acusa de haber filtrado corresponden a declaraciones o resoluciones judiciales que fueron notificadas a los abogados del caso. Y acusan a los policías de haber buscado solo las noticias publicadas en este periódico y no en el resto de medios.

Álvaro Gijón se persona contra el juez y el fiscal

El ex edil de Cort y antiguo diputado en el Parlament por el PP, Álvaro Gijón, se ha personado como acusación particular, en la causa que instruye la magistrada Carmen Abrines contra los anteriores investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y cuatro agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales. Gijón es junto a José María Rodríguez, uno de los dos dirigentes del PP investigados en el caso Cursach. Gijón ha decidido personarse como acusación a raíz de los informes que la Policía Judicial que cuestionan la instrucción del caso.

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