La futura Ley de movilidad sostenible del Govern establecerá instrumentos de regulación del acceso en vehículo privado a centros urbanos o espacios saturados con el fin de que los ayuntamientos que así lo consideren puedan limitarlo. Se trata de una de las medidas que incluirá la ley con el objetivo de disminuir el elevado número de vehículos, lo que irá en paralelo a la potenciación del transporte público y redes de aparcamientos "disuasorios", entre otras iniciativas.
Así lo explicó ayer el conseller de Movilidad, el socialista Marc Pons, tras el Consell de Govern, en el que informó del inicio de la redacción del anteproyecto de Ley cuyo primer paso, una vez establecidos los objetivos, será la apertura de un proceso participativo. Según el calendario con el que trabaja el Govern, Pons calcula que "en primavera" del próximo año el Ejecutivo aprobaría el proyecto de Ley para remitirlo al Parlament, con el fin de iniciar entonces la tramitación parlamentaria para la aprobación definitiva.
Según resaltó, la nueva normativa se basará en la apuesta por avanzar hacia la movilidad sostenible siguiendo los criterios y los objetivos adoptados en el marco de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas, con un fuerte impulso de los modos de movilidad colectivos y no motorizados, vinculados a políticas de mejora de la calidad ambiental y atmosférica en las zonas urbanas y periurbanas de las islas.
Pons incidió en el objetivo prioritario de alcanzar un "nuevo modelo de movilidad sostenible" que reduzca el elevado peso del coche privado en los desplazamientos, facilite y agilice la mejora de las actuales redes de transporte público y amplíe las futuras, a la vez que se permita mejorar la calidad ambiental y de vida en Balears, especialmente en las zonas urbanas.
En lo que se refiere a las limitaciones para el acceso de vehículos a centros urbanos y espacios sensibles precisó que la futura Ley establecerá cómo se tendrían que introducir posibles limitaciones si así lo decide el ayuntamiento correspondiente o la institución competente, dejando claro que no se establecerá una obligación en este sentido pero sí se fijará el marco normativo para llevarla a cabo.
Entre las principales cuestiones que incluirá la normativa están el fomento del transporte público y de la movilidad a pie y en bicicleta, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de incentivos laborales o educativos. Como ejemplo, la conselleria recuerda que en algunos países existe la posibilidad de incluir en los sueldos incentivos a quienes vayan a su trabajo en bicicleta o caminando.
La Ley balear regulará también herramientas de financiación y medidas fiscales destinadas a desarrollar las políticas de movilidad sostenible. Así, se facilitará la creación de sistemas tarifarios integrados y acuerdos de cooperación entre diferentes administraciones en materia de tarifas de transporte público, además de sistemas de subvención y ayudas a entidades públicas y privadas que quieran fomentar la movilidad sostenible.
En cuanto a las medidas fiscales, Pons precisó que el objetivo no es fijar impuestos ligados a la movilidad, sino más bien identificar fuentes de financiación impositiva ya existentes y destinar el producto de estas a potenciar el transporte; por ejemplo, el IBI que pagan los aparcamientos o parte del impuesto de turismo sostenible.
El Govern prepara "ajustes sin recortar derechos y mejoras"
El GovernLa portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó ayer que las conselleries preparan "medidas o ajustes de eficiencia" en sus cuentas, si bien "en ningún caso se plantean recortes o dar pasos atrás en ninguno los derechos y mejoras de los últimos años". Costa admitía así la obligación de presentar un plan de ajuste para cumplir con la exigencia de Madrid de reducir el gasto en sanidad, a lo que se suma la necesidad de hacer frente al déficit de 417 millones de euros en las arcas autonómicas. La portavoz culpó de la situación a la "histórica" mala financiación de Balears.
