El presidente de Vox Baleares y diputado en el Parlament balear, Jorge Campos, se mostró ayer satisfecho de que la fiscalía de Balears "actúe contra los ocupas", tal y como aseguran que ha defendido su formación, "el único partido que lo llevaba en su programa electoral". Por su parte, Toni Gayá, representante de las agencias inmobiliarias, cuestionó la eficacia real de la instrucción del fiscal superior Bartolomé Barceló contra los ocupas y reclamó "reformas legales a través de una ley de la Vivienda y con participación de los sectores implicados, entre ellos nosotros".

Vox remarcó que "hace muchos meses" que ellos destacan la importancia de "garantizar el derecho a la propiedad privada en un estado de derecho, cosa que no se está produciendo en muchos lugares de España, entre ellos Balears, por lo que nos alegramos de que la fiscalía haya recogido estas propuestas". "Desde Vox siempre se ha defendido que el derecho a la propiedad privada es uno de los pilares de un estado democrático", indicó el partido de derecha radical, que apuntó que esto "debe garantizarse mediante acciones rápidas y contundentes frente a las mafias de ocupas".

Pau Bonet, presidente de los administradores de fincas, se mostró "enormemente satisfecho con la orden de la fiscalía superior, que aplaudo sin fisuras porque es algo que se tenía que haber hecho antes y que servirá para dar un poco seguridad jurídica a la gente". Bonet sí aventuró que "seguirán habiendo problemas para los desalojos de casas ocupadas que estaban vacías y pertenecen a bancos".

La Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI) manifestó su apoyo "sin fisuras" a la decisión de la fiscalía y los jueces de instrucción de utilizar vías legales para expulsar de manera inmediata la ocupación ilegal de viviendas. Desde esta asociación defienden que la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local puedan "desalojar y detener a los llamados ocupas con una rapidez sin precedentes".

Toni Gayá pronosticó que la instrucción del fiscal superior "va a ser difícil de aplicar porque antes se tienen que dar tres supuestos: que la comunidad de propietarios se dé cuenta de la ocupación, que lo denuncie ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cuando la Policía venga se encuentre a los intrusos dentro".

Gayá recordó que "pasadas 48 horas de la ocupación se da la tenencia de la propiedad y ya no sirve el desahucio exprés".

Desde el sector de agencias inmobiliarias se aboga por una reforma de la Ley de la Vivienda para acabar con la ocupación.