El decreto de alimentación saludable en el que ha trabajado los últimos meses de esta legislatura la dirección general de Salud Pública y que prohibirá expresamente la venta de bollería industrial y de bebidas azucaradas en todos los colegios de esta comunidad autónoma, tanto públicos como concertados y privados, entrará en vigor el próximo curso académico.
No obstante, se decretará una moratoria de tres años antes de aplicar sanciones y otras medidas coercitivas a los centros que incumplan las directrices marcadas por el decreto. "Les daremos tres años de margen a las empresas que sirven a los colegios para que se adapten a la nueva norma", señaló Maria Ramos, directora general de Salud Pública. Así, la inposición de multas a los infractores se postergará hasta el curso 2022-23.
La prohibición de vender estos alimentos "poco saludables" se extenderá también a las máquinas expenderoras y cafeterías de los hospitales públicos y centros de salud de las islas así como también a todos los alimentos y bebidas que se expendan en los edificios públicos de la Administración. Como ocurrirá con los colegios concertados, el decreto también se aplicará en aquellos centros sanitarios privados que tienen concertados servicios con el Govern. En estos momentos, los hospitales de la Cruz Roja y Sant Joan de Déu y la Policlínica.
Esta medida vendrá acompañada de programas formativos dirigidos tanto a los responsables educativos como al alumnado y a los empresarios de máquinas de vending o de establecimientos de restauración para inculcarles los beneficios que reporta seguir una dieta saludable. La última encuesta ha revelado que un 25,1% del alumnado de las islas es obeso o tiene exceso de peso.
