Uno de los principales acusados que ayer resultó absuelto del caso Puertos tras serle retirada la acusación se quejó en privado del duro calvario que ha sufrido en los diez años de instrucción de este sumario.
La alegría de ser exculpado al final del túnel no empañaba el sufrimiento de estos años, donde ha aparecido como imputado y acusado en los medios de comunicación. Esta persona explicó que lleva más de dos años con la pensión parcialmente retenida, debido al embargo sobre los bienes de los doce acusados que impuso en 2016 el juez instructor Antoni Rotger, que fijó una fianza de 50 millones de euros de cara a resarcir al Estado de las pérdidas sufridas por la corrupción en la Autoritat Portuària de Balears (APB).
El Estado no ha reclamado ni un céntimo por este caso, lo que contrasta abiertamente con las previsiones de Rotger. Ayer la presidenta del tribunal, Samantha Moreno, levantó in voce las medidas cautelares contra los tres condenados y los nueve absueltos.
El embargo judicial también se ha extendido al sueldo de los acusados más jóvenes, una minoría, y a su patrimonio inmobiliario.
El pacto suscrito ayer entre las acusaciones y las defensas de los tres condenados no recoge el pago de indemnización alguna.
En los diez años de instrucción han fallecido tres de los principales imputados: el expresidente de la APB Joan Verger, el socio de Gerardo Díaz Ferrán en el Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, y el alto funcionario de Puertos Justo Aguado.
Verger habría sido el instigador de la trama al pactar con el presidente del Club Marítimo de Maó, Luis Barca (que fue imputado cuando los delitos ya habían prescrito) amañar el concurso de adjudicación de amarres en ese puerto, junto al Grupo Marsans de Díaz Ferrán.
