Miles de titulares de un préstamo hipotecario de Balears se juegan mucho dinero el próximo 5 de noviembrepróximo 5 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo fijará quiénes tienen que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados: los clientes, como hasta ahora, o los bancos. Y, no menos importante, qué retroactividad establecerá la sala.
Expertos consultados radicados en Mallorca coinciden en señalar que el fallo beneficiará a los ciudadanos. Pero advierten de que las entidades ya planean subir el tipo de interés las entidades ya planean subir el tipo de interésque gravará las nuevas hipotecas y así minimizar el impacto del golpe económico que supondría una sentencia adversa.
"La Sala 3 de lo Contencioso, que es la que decidirá el día 5, ya resolvió que es el banco el que debía pagar el impuesto, así que no imagino que ahora se rectifiquen a sí mismos", valora Javier García, abogado experto en hipotecas.
Se expresa en la misma línea Carlos Hernández, también letrado especializado en vivienda e hipotecas, pero advierte de que ese fallo no será suficiente. "Tendrá que haber una nueva resolución favorable de la sala de lo Civil del Supremo para confirmar el criterio que adopten los jueces el día 5. Y si finalmente fallan contra los bancos afectará a una infinidad de operaciones y les obligará a devolver miles de millones de euros", subraya.
Hay en juego mucho dinero, sobre todo si la decisión que adopte el Supremo alcanza a todas las hipotecas en vigor. Pero de momento quienes lo tienen todo a su favor para cobrar son los ciudadanos que constituyeron un préstamo hipotecario desde octubre de 2014. "Aquel fallo de la Sala 3 ya permite reclamar a Hacienda la devolución del impuesto. Pero solo para las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años. Las anteriores ya han prescrito desde el punto de vista fiscal", señala Javier García.
La recaudación del impuesto de actos jurídicos documentados está transferida a las comunidades autónomas, por lo que Bernat Ferrer, presidente de la asociación de consumidores La Defensa, recomienda a los interesados solicitar la devolución del impuesto a la Agencia Tributaria de Balears. "Luego Hacienda se lo reclamará al banco", aclara.
De momento esa vía solo vale para los hipotecados a partir de 2014: 52.763 personas en Balears que podrían reclamar hasta 178 millones de euros cobrados indebidamente por las entidades.
Los expertos consultados calculan que cada ciudadano recibiría en torno a 2.200 euros por una hipoteca media de 180.000 euros -incluidos intereses y costas-. Pero, ¿qué ocurre con los usuarios que firmaron su préstamo antes de 2014? "Podría establecerse una retroactividad de quince años. O incluso abarcar todas las hipotecas constituidas", asume García.
Ferrer cree que el impuesto se considerará una cláusula abusiva. "Podría suceder como con las cláusulas suelo en 2015. En esa ocasión el Supremo ya falló contra los bancos, se consideraron abusivas y todo el mundo pudo reclamar", señala el presidente de La Defensa.
En tal caso ya no habría que ir a reclamar a la Agencia Tributaria, sino acudir por la vía judicial, lo que abriría la puerta a una etapa de demandas colectivas y un repunte de la masificación en los juzgados.
Un protocolo para reclamar
"Recomendamos esperar a ver lo que sucede el 5 de noviembre", apunta Francesc Dalmau, director general de Consumo del Govern. "En función del dictamen del Supremo estableceremos un protocolo para agilizar el retorno del dinero a los consumidores si los bancos no responden. Ese protocolo incluirá asesoramiento gratuito a los afectados", destaca Dalmau, que dentro de dos semanas también espera un fallo favorable a los ciudadanos.
De perder esta batalla los bancos se enfrentan a un impacto económico cifrado en miles de millones de euros. Solo en Balears se constituyeron casi 400.000 hipotecas entre 2003 y 2014 que obligaría a las entidades a devolver 824 millones de euros. "Los bancos tienen muchos recursos y de alguna manera repercutirían esas pérdidas subiendo los tipos de interés de las nuevas hipotecas", aventura García.
