La delegación del Gobierno Central en Baleares ha anunciado que desiste de los recursos interpuestos contra sendas decisiones del Consell de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia que regulaban la carrera profesional, una retribución que cobraban miles de funcionarios mallorquines y que podían perder tras estas demandas, que fueron interpuestas por la anterior delegada del Gobierno, la popular Maria Salom.

La nueva delegada del Gobierno, la socialista Rosario Sánchez, ha tomado esta decisión tras consultar con la Abogacía del Estado de Baleares y ha decidido retirar los recursos para cumplir una promesa efectuada en su reciente toma de posesión, una iniciativa ya adelantada por "Diario de Mallorca""Diario de Mallorca" el pasado 22 de junio.

Para desistir de esas demandas, según ha informado la delegación del Gobierno, se precisa de una autorización expresa de la Abogacía General del Estado, que previamente ha de recabar un informe de los organismos correspondientes para sustentar las razones jurídicas que fundamentan el desestimiento.

Los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda se han manifestado ya a favor de mantener la carrera profesional tal y como la habían regulado las corporaciones locales antes citadas. La razón de peso es que estos pluses de la carrera profesional no suponen sobrepasar los límites salariales que anualmente fijan los Presupuestos Generales del Estado para los salarios de los funcionarios públicos de toda España.