Los primeros cambios asociados al relevo en el Gobierno llegan a Mallorca, por la vía de anulación de medidas adoptadas por el ejecutivo de Rajoy contra decisiones de las instituciones locales. En una de las medidas con mayor repercusión para los funcionarios, Madrid retira todos los recursos contra la carrera profesional. Bajo este concepto se integran unos importantes complementos salariales que perciben 70 mil trabajadores públicos, con especial incidencia en sanidad y educación.
El pago a los funcionarios de la carrera profesional, que en el caso de los médicos puede alcanzar un plus de unos mil euros mensualesmil euros mensuales, había sido acordado por los ayuntamientos, el Consell de Mallorca y el Govern. Era una decisión controvertida desde el punto de vista de su legalidad. El Gobierno del PP envió una comunicación al ejecutivo de Francina Armengol, en la que planteaba la inconstitucionalidad de los aumentos fijados en el artículo 23 de los presupuestos.
Los recursos contra la carrera profesional fueron personalizados en María Salompersonalizados en María Salom, la delegada del Gobierno de Rajoy. Los obstáculos legales causaron un profundo malestar en el PP mallorquín, que se sumó a la oposición de izquierdas para enfrentarse a Madrid en la pugna legal.
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa será letal para los recursos de Madrid contra la carrera profesional. La abogacía del Estado en Balears recibió ayer mismo la comunicación de que debía procederse a la retirada de todos los recursos interpuestos, una tarea ímproba dada la tarea llevada acabo para plantearlos.
Dada la beligerancia de los funcionarios y de los partidos políticos locales contra los recursos, el cambio de opinión no obedece a criterios jurídicos estrictos, sino de orden eminentemente político. En la misma línea, los críticos de las acciones judiciales habían esgrimido la tesis de que el Gobierno del PP se guiaba por motivos puramente electorales, en su voluntad de contrarrestar la ventaja que el Govern de izquierdas obtenía al congraciarse con importantes capas funcionariales.
Los trabajadores públicos se manifestaron con vigor contra María Salom, que polarizó tanto los recursos contra los complementos salariales como otras iniciativas contra las ayudas del catalán. Pese al cambio de Gobierno, el Estado en su conjunto se enfrenta ahora mismo a una situación incómoda. O bien las acciones judiciales contra las decisiones de las instituciones locales estaban motivadas políticamente, y eran utilizados por la anterior delegada para ganar protagonismo, o bien el oportunismo se produce al someterse ahora a unos pagos de importante volumen.
De puertas afuera, las instituciones de izquierda, los funcionarios y el PP labraron un frente común para mantener unos pluses salariales ante los que Madrid ha decidido aquietarse. Sin embargo, la unanimidad se disolvía entre bastidores. En el seno del Govern abundan las voces disidentes, que consideran dudoso el encaje de la carrera profesional con los preceptos constitucionales.
Tampoco quedan claros los beneficios obtenidos por las instituciones de izquierda con los complementos ahora recuperados, y que no impidieron la hostilidad de los médicos al plantear el requisito del catalán para acceder a los pluses económicos.
