A pocos días de conocer el fallo definitivo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos que puede llevar a Jaume Matas a la cárcel, el expresident ha vuelto a sufrir un nuevo revés judicial. La jueza Ana San José, del juzgado de instrucción número 5 de Palma, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Matas por la segunda fase del llamado caso Turisme Jove, por el que varios altos cargos del Govern fueron en su día condenados e incluso ya han cumplido este castigo en prisión.
La fiscalía Anticorrupción es la que ha propuesto que Matas afronte un nuevo juicio. Esta vez se le acusa de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad de documentomalversación, prevaricación y falsedad de documento. La acusación se fundamenta casi exclusivamente en la confesión que en su momento realizó Juan Gálvez, antiguo director general del área de Joventut del Govern del PP. Gálvez fue uno de los principales acusados del primer juicio y llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, a cambio de una considerable reducción de la petición de cárcel. De hecho, de una petición de doce años de cárcel, gracias al acuerdo, el exalto cargo del Govern aceptó una condena de tres años, a cambio de su confesión. No solo tuvo que ingresar en prisión para cumplir este castigo, sino que esta condena le supuso perder su condición de funcionario. Pocos días antes de que se celebrara el juicio, asesorado por su abogado, Gálvez presentó un escrito en el juzgado de Palma. La principal acusación que pesaba contra él es que había autorizado el pago de unas facturas por la estancia de unos jóvenes de Balears en unos campamentos en el extranjero. Estos desplazamientos nunca se produjeron y estas facturas respondían a una maniobra para sufragar una deuda que el empresario Jesús García Oeo, antiguo concejal del PP en Calvià, reclamaba al Govern. El empresario acusaba al Ejecutivo de haberle perjudicado económicamente por el cierre del campamento de la Victoria y había tomado la decisión de presentar una demanda judicial contra el Govern.
Gálvez, en su relato, apuntó que había sido Jaume Matas el que había tomado la decisión de indemnizar al empresario a través del consorcio Turisme Jove. Contó que fue testigo de una supuesta conversación, subida de tono, que mantuvieron Matas y García Oeo en un mitin del PP de Calvià. Afirmó que desde cierta distancia había presenciado cómo los dos compañeros de partido se dirigían a un lugar más apartado y mantenían esta conversación. Dijo que estaba convencido de que García Oeo le planteó al president su malestar por el tema del campamento.
Juan Gálvez afirmó en la denuncia que días después de este encuentro, recibió una orden de su superior en la que le indicaba que debía realizar estos pagos. Sabía perfectamente que estaba pagando unas facturas falsas por unos servicios que no se habían prestado y conocía también que se trataba de una maniobra para contentar al exconcejal del PP de Calvià, que con estos ingresos retiraría la demanda que había planteado contra el Ejecutivo.
En su momento, Jaume Matas ya tuvo que declarar por este caso y negó que hubiera ordenado dicho pago. Explicó que nada sabía del contencioso que mantenía el exconcejal de Calvià con el Govern y afirmó que apenas conocía a García Oeo, aunque ambos militaran en el mismo partido político.
Sobre la supuesta discusión que describió su entonces director general, afirmó que no recordaba si había mantenido algún tipo de conversación con el entonces concejal de su partido, debido a que en los mítines políticos hablaba con mucha gente.
También rechazó la acusación de Gálvez, que señaló que Matas había transmitido esta orden al secretario general técnico de Vicepresidencia. Explicó a la jueza que las órdenes las transmitía directamente al conseller, sin pasar nunca por la figura del secretario general técnico.
A pesar de que se confiaba en que este caso quedara archivado por falta de pruebas, en el entorno de Jaume Matas no preocupa demasiado este nuevo juicio. Los abogados mantienen que las pruebas que tiene la fiscalía Anticorrupción son muy débiles, ya que únicamente se basan en la declaración de Juan Gálvez, que realizó esta denuncia poco antes de firmar el acuerdo en el primer juicio del caso Turisme Jove.
En cualquier caso, la fiscalía cree que Matas debe volver al banquillo acusado de un delito de malversación.
