Seis miembros de la plataforma Stop Desnonaments irrumpieron ayer al mediodía en la sucursal de Bankia de Avenidas para protestar contra los desahucios que ejecuta el banco en Balears. Los activistas se situaron en medio de la oficina haciendo sonar silbatos, bocinas y gritando consignas contra la entidad financiera y una legislación que, consideran, facilita los lanzamientos.
Varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar a instancias del director de la sucursal. Después de varios minutos de discusión, los miembros de Stop Desnonaments decidieron abandonar la oficina y seguir con su protesta en la calle.
La elección de esta sucursal no fue casual. Entre los activistas que protestaban estaba Juan H. M., un hombre con una discapacidad psíquica reconocida del 71% , en paro y con dos hijos a su cargo. En 2005 sufrió un desahucio exprés a instancias de Bankia porque no pudo afrontar la hipoteca. Y hace tres meses, según asegura, un empleado de esa misma sucursal rompió en su presencia una solicitud para pedir un alquiler social.
El hombre, con una pensión de 370 euros y una ayuda de 108 del Govern, se vio en la obligación de okupar un piso vacío de Bankia con sus hijos al no poder afrontar un alquiler en el mercado libre. El IBAVI tampoco le ofrece un piso protegido pese a que lleva más de ocho años en lista de espera.
La protesta, que provocó la curiosidad de los transeúntes y el enfado de algunos clientes que estaban en ese momento en la sucursal, sirvió para arrancar el compromiso del responsable de la oficina de volver a atender la solicitud de Juan H. M..
Los miembros de Stop Desnonaments llegaron al inmueble pasadas las doce. Mantuvieron una breve conversación con el director de la oficina, que inicialmente rechazó conceder a Juan H. M. un alquiler social. Esta negativa dio pie a la protesta.
"No nos han dejado decidir tranquilamente si queríamos dejar la protesta o ser detenidos", criticó Joan Segura, portavoz de la plataforma.
Pendiente del timbre
Los activistas argumentaban que tenían derecho a permanecer en el interior del local el tiempo que quisieran, pero finalmente los agentes les persuadieron de que abandonaran la sucursal bajo amenaza de ser acusados de resistencia a la autoridad.
Finalmente Juan H. M. pudo mantener una conversación con el director de la oficina en la que le arrancó la promesa de revisar su situación.
Este hombre vive pendiente del timbre porque cree que en cualquier momento puede sufrir un nuevo desahucio del piso que está okupando. "Conocí a una persona, una especie de intermediario. Había un piso de un banco vacío y le pagué para que me lo abriera. Era eso o quedarme en la calle con mis hijos", explicó a este diario.
En todo caso, tampoco renuncia a que finalmente el IBAVI le conceda un piso de protección oficial. "Al menos que me digan en qué posición estoy y si todavía tendré que esperar meses o años. Estoy desesperado", afirmó.
