El Partido Popular a nivel nacional, o lo que es lo mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Govern de GovernFrancina Armengol por la reclamación de que retornen 153.322 euros de la subvención electoral del año 2007 que, según la Sindicatura de Cuentas, los populares cobraron indebidamente. El recurso ha sido interpuesto por el acuerdo del Consell de Govern, presidido por Armengol, en el que se pide a los populares que devuelvan esta importante cantidad.

La reclamación del Govern se basa en varias sentencias judiciales que condenaron al PP de Jaume Matas por delito electoral por pagar 71.958 euros en negro a una empresa publicitaria, más el transporte y la edición de folletos para los municipios y el Consell d'Eivissa y Formentera.

Una operación que emana del caso Scala, también conocido como caso Colacao, donde el entonces conseller de Comercio del PP, Josep Joan Cardona, utilizó organismos públicos para editar y trasladar a Eivissa la propaganda electoral del partido. En el caso de los 71.958 pagados en negro ya fue condenado el entonces gerentes del PP y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal. Por la propaganda editada y enviada a Eivissa se condenó a Cardona y la que fuera gerente del Instituto de Desarrollo Industrial (IDI) Antonia Ordinas.

El Govern del Pacto, en concreto, lo que pretendía era anular la subvención electoral que le fue otorgada al PP por el Consell de Govern en base a la representación institucional obtenida en los comicios de 2007. La reclamación del Ejecutivo de Francina Armengol se sustentaba en los informes de la Sindicatura de Cuentas que a la vez reflejaban las sentencias judiciales.

Sin embargo, antes de aprobar la reclamación en el Consell de Govern, la presidenta Armengol elevó consultas al Consell Consultiu. Cual fue su sorpresa cuando el alto órgano jurídico que preside el exdiputado socialista Antoni Diéguez le rebajó de forma considerable la cantidad a reclamar. De los 153.322 euros que apuntaba la Sindicatura de Cuentas, el Consultiu solo consideró que el PP debía devolver unos 7.195 euros. Entre otras cosas, el alto órgano jurídico indicaba que las sentencias judiciales condenaban al PP por delito electoral, pero no a devolver algunas de las cantidades argumentadas por la Sindicatura de Cuentas. Utilizaba el argumento jurídico de que en base a sentencias del Tribunal de Cuentas solo se podía reclamar el 10% de la cuantía pagada de forma indebida por el PP.

El dictamen del Consultiu provocó la rápida reacción del PP. En particular, su presidente balear Biel Company tildó a la presidenta Armengol de "mentirosa compulsiva" y varios de sus dirigentes acusaron al Pacto de Izquierda de ir a "dañar a los populares".

Un día después de estas declaraciones, el Consell de Govern con Francina Armengol al mando, acordó reclamar el dinero al PP de la subvención electoral del año 2007. El ejecutivo autonómico utilizó de base de la reclamación el informe de la Sindicatura de Cuentas que apuntaba como cantidad a requerir por haberse cobrado indebidamente los 153.322 euros antes mencionados. El dictamen del Consultiu era preceptivo, pero no es vinculante a la hora de que el Govern tome decisiones y Armengol se decantó por el de la Sindicatura.

El Govern remitió el requerimiento directamente a la sede central del PP en Madrid, situada en la calle Génova número 13. No pasó por el PP de Balears. Por este motivo, el recurso contencioso administrativo contra el ejecutivo de Francina Armengol lo ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) el Partido Popular nacional que preside Mariano Rajoy.