Agentes medioambientales del Govern han detectado hasta diez pozos ilegales de agua potable que son utilizados por media docena de campos de golf para el riego de las instalaciones. Esto supone un tercio de estas instalaciones en Mallorca. Las inspecciones se han llevado a cabo durante los meses de temporada alta de los últimos tres años, y en ellas se ha descubierto cómo algunos campos han desarrollado un complejo sistema de gestión del agua que mezcla la depurada con la que proviene de los sondeos subterráneos, para de esta forma camuflar las muestras obtenidas.
La ley obliga a los golfs a regar el césped con agua depurada; el uso de la potable está prohibido. La conselleria de Medio Ambiente tiene sobre la mesa una decena de denuncias realizadas por los agentes. Las actuaciones registradas presentan indicios de delito contra el medio ambiente.
Hasta el momento, la Conselleria solo ha clausurado dos de estos pozos ilegales, uno de ellos en Camp de Mar (Andratx), descubierto en septiembre de 2016. Solo este sondeo consumía en temporada alta unos 7.000 metros cúbicos diarios de agua potable, el equivalente a una población de cinco mil habitantes. Entonces se procedió a la retirada de la bomba de extracción y 180 metros de tubería. El pasado mes de julio Medio Ambiente impuso a la empresa una sanción de 250.000 euros.
Los agentes comenzaron a realizar inspecciones hace tres años al detectar alarmantes descensos en determinados acuíferos de la isla. A su vez recibieron diversas denuncias que les ponían sobre la pista del uso fraudulento que realizan determinadas instalaciones con el fin de reducir el coste económico que les provoca el hecho de regar exclusivamente con agua depurada, tal y como fija la legislación.
Inspecciones por sorpresa
A partir de ese momento diseñaron un operativo para intervenir por sorpresa en esas instalaciones. En cada visita se coordinan diez agentes para revisar la infraestructura hidráulica, hacer pruebas de riego y recoger muestras que se analizan en el laboratorio para definir la procedencia del agua. Cuentan además con los datos horarios de los niveles de los acuíferos afectados, lo que permite cruzar datos con las pruebas de riego. Estas actuaciones han sido publicadas periódicamente en las redes sociales por parte de los propios agentes medioambientales.
La primera comprobación que llevan a cabo los agentes, según se recoge en las denuncias presentadas, es revisar la documentación del proyecto de licencia del campo de golf para verificar la extensión de la finca. Esto permite realizar un cálculo del agua necesaria para abastecer toda la superficie de juego. En la mayoría de las denuncias se señala que las estimaciones de consumo permiten detectar los primeros indicios de irregularidades.
El papel del laboratorio ha resultado decisivo en estas inspeciones, puesto que ha permitido verificar que se estaba camuflando el agua y que, en muchas ocasiones, las depuradoras realizan una función testimonial para mezclar agua tratada con agua potable que proviene de los sondeos ilegales, o bien de pozos autorizados para uso agrícola pero que realmente se utilizan para abastecer el campo de golf y la urbanización anexa.
Una alerta de Recursos Hídricos fue el detonante de una inspección en un campo de la zona de Son Gual, en Palma. Ante un anormal descenso del nivel de agua se visitó la finca en 2016 detectando la extracción ilegal de grandes volúmenes diarios. En la denuncia de los agentes se indica que los análisis determinaron que no se corresponde con agua de estación depuradora. En 2017 se encontraron otros dos pozos ilegales que, según el informe del Servei d'Estudis i Planificació de la Conselleria, podrían afectar gravemente al acuífero.
En Felanitx se sitúa una denuncia contra el campo Vall d'Or por utilización de un pozo ilegal para regar las instalaciones y para abastecer la urbanización y la piscina del complejo. La citada inspección del golf de Camp de Mar (Andratx) constató que ese campo no contaba con concesión administrativa para usar aguas de la estación depuradora ni autorización de vertido de aguas residuales, y que la totalidad del riego provenía de un sondeo ilegal. Las diligencias permitieron descubrir que entre enero de 2015 y junio de 2016 ese campo consumió 50.695 metros cúbicos de agua potable.
En el golf de Son Termes la actuación de los agentes detectó que las muestras de agua tenían diversa procedencia, y tras inspeccionar el terreno determinaron que las aguas de la depuradora no son suficientes para el riego de toda la superficie del actual campo de golf. También encontraron 6 bombas de extracción y una red de tuberías que deberían haberse desconectado el año 2006 -cuando comenzó a suministrarse agua depurada-, pero que seguían instaladas y conectadas a un pozo de uso exclusivamente agrícola.
