El sindicato USCA ultima un acuerdo con la fiscalía y las acusaciones particulares para que los 83 controladores aéreos acusados de sedición, o de abandono del servicio, por la huelga ilegal y salvaje del puente de la Constitución de 2010, que tienen que ser juzgados por la Audiencia de Palma, no vayan a la cárcel. USCA ha ofrecido a la fiscalía un pacto global para cerrar también con una pena leve la causa penal abierta contra otros 133 controladores de Madrid por los mismos hechos y prevé pagar 15 millones de euros para los damnificados por el caos aéreo que presentaron denuncia.
Tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado 25 de diciembre, los controladores han ofrecido indemnizaciones a las ocho acusaciones particulares personadas en la causa de Palma. A uno de los afectados le han prometido una compensación de diez mil euros para él y otra similar para su esposa, a cambio de retirar la acusación.
Entre las partes afectadas se hayan varios particulares y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, con la que también tendrá que sellar un acuerdo USCA, el sindicato que convocó el paro ilegal de 2010 y que aglutina a la mayoría de los empleados públicos de ese colectivo. USCA ya ha alcanzado un principio de acuerdo con la fiscalía de Madrid por el que se compromete a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010.
Ocho años de cárcel
Esta medida está condicionada a la aceptación del mismo acuerdo en Palma, donde 83 controladores se encuentran encausados por posible sedición, delito castigado con más de ocho años de prisión. USCA aseguró ayer que las negociaciones en Mallorca se encuentran también "muy avanzadas", aunque aún quedan "algunos flecos".
El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid y Mallorca, de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España.
El sindicato USCA explicó que "por consejo de los abogados" se ha llevado a cabo un proceso negociador para llegar a un acuerdo con las acusaciones particulares para que retiren sus acusaciones previa indemnización.
Desde USCA, sindicato al que pertenecen los 216 controladores que se enfrentan a las dos causas pendientes (133 en Madrid y 83 en Palma), se asegura que este acuerdo supone "una liberación", pues pone fin a un conflicto que ha durado ocho años, no es satisfactorio, pero es la fórmula "menos gravosa". De momento se han archivado una veintena de procedimientos en toda España por estos hechos, todos ellos exculpatorios.
