El juez ha decidido que se sienten en el banquillo los 82 controladores de las torres de control de Balears para que respondan por un delito de sedición, tras protagonizar hace seis años una huelga encubierta que provocó el cierre del espacio aéreo del país. El magistrado entiende que con esta medida de fuerza estos trabajadores públicos, contratados por Aena, protagonizaron un delito que supone un levantamiento contra el Estado, que se castiga con penas de hasta ocho años de cárcel. Un delito que la última vez que se acusó en España fue por el golpe militar del 23 F. En cualquier caso, este auto del juez por el que abre juicio oral no se puede recurrir, por lo que los 82 controladores terminarán sentados en el banquillo. El magistrado les ha impuesto una fianza de tres millones de euros.

El juez Juan Manuel Sobrino, desde que se hizo cargo del caso, sostuvo que la actuación que protagonizaron los controladores, cuya medida de fuerza afectó a miles de pasajeros que no pudieron salir de viaje, representaba un delito grave. Aunque han sido muchos los juzgados de otras ciudades que han archivado las denuncias contra estos trabajadores públicos, el juez ha considerado que esta actuación merece, como mínimo, que los controladores se sienten en el banquillo y puedan defenderse de los graves delitos.

Pero la decisión del juez se sustenta, además, con los escritos de acusación que han presentado tanto la fiscalía, como decenas de afectados por esta movilización ilegal que obligó al Gobierno a militarizar el servicio de control del espacio aéreo. La acusación más grave es la de un grupo de 80 perjudicados, representados por un mismo abogado, que reclaman para cada uno de los controladores una pena de ocho años de prisión por dicho delito de sedición.

La fiscalía, en cambio, no plantea penas tan duras. De hecho, incluso presenta una calificación alternativa. Su acusación principal no es por el delito de sedición, sino por abandono del puesto de trabajo, que no se sanciona con cárcel, sino con una multa económica. Como alternativa el fiscal también plantea una acusación por sedición y pide una pena de cuatro años de cárcel.

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En el auto, el magistrado también señala las responsabilidades económicas de dicho delito, que derivan de los perjuicios que sufrieron miles de pasajeros que no pudieron volar al quedar cerrado el espacio aéreo. Las indemnizaciones económicas que se plantean suman casi tres millones de euros, por lo que el juez impone una fianza a los acusados sobre esta elevada cifra económica.

Tanto el juez como las acusaciones coinciden en que las repentinas enfermedades que alegaron los controladores para ir a abandonando sus puestos de trabajo, no eran ciertas. Respondían a una estrategia, acordada por todos los trabajadores, para forzar al Gobierno a retirar el decreto ley por el que se establecía un nuevo recuento de horas de trabajo.

Algunos de los controladores ya se han mostrado dispuestos a alcanzar un acuerdo con las acusaciones.