Los abogados de algunos de los más de 80 controladores aéreos de Balears acusados de sedición o abandono de destino por la huelga salvaje, llevada a cabo en el puente de la Constitución de 2010, están ofreciendo dinero a algunos perjudicados por el paro a cambio de que retiren su acusación particular. Las ofertas forman parte de una negociación más amplia entre defensas y acusaciones en general para llegar a un acuerdo que haga innecesaria la vista oral por este caso.
El sumario del caso controladores está en la Audiencia de Palma, que todavía no ha fijado una fecha para la vista oral. El juicio por esta causa no se podrá hacer probablemente en el Palacio de Justicia, dado que hay más de 80 acusados y numerosos abogados defensores y acusadores.
Según fuentes jurídicas, en la causa hay personadas unas 8 acusaciones particulares en nombre de pasajeros que se vieron afectados por las cancelaciones de vuelos y el cierre forzoso del espacio aéreo.
A uno de los afectados se le han ofrecido diez mil euros de compensación por las molestias y otros diez mil euros para su esposa. De momento, el interesado no ha aceptado la oferta en espera del desenlace global de las negociaciones.
En la causa también está personada como acusación la Federación Hotelera que reclama una elevada compensación por las pérdidas que tuvieron los establecimientos de las islas debido a las cancelaciones y a las noches gratis que debieron dar a los turistas que se quedaron atrapados por aquel paro.
Los acusados confían en que el delito más grave que se les imputa, el de sedición, sea retirado y el caso se sentencia como un simple abandono de servicio, con penas más leves. Lo que es casi seguro que se aplicará será la atenuante de dilaciones indebidas, dados los siete años que han transcurrido desde los hechos y su enjuiciamiento, para el que, repetimos, no hay fecha todavía.
La sección segunda de la Audiencia de Palma desestimó en mayo, en un contundente auto, el último cartucho que tenían los 84 controladores aéreos de Balears acusados de crear un caos en los aeropuertos isleños con la huelga ilegal encubierta del puente de la Constitución de 2010. El tribunal confirmó el auto de procesamiento de los empleados de Aena y declaró que existen serios indicios de que pudieron cometer un delito de sedición, o subsidiariamente otro de huelga ilegal de funcionarios que afecte a un servicio público.
La sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó, y mediante un auto, la resolución del juzgado de instrucción número 1 de Palma donde se acordó la continuación de diligencias previas a procedimiento abreviado, auto de "procesamiento·o de finalización de la instrucción- contra 82 controladores aéreos.
La Audiencia desestimó por tanto los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de los controladores investigados, algunos a título individual y otros agrupados, contra dicho auto de pase a procedimiento abreviado. El juez instructor Juan Manuel Sobrino consideró en su auto ratificado que existen indicios suficientes para que los hechos ocurridos en los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa puedan ser constitutivos de sedición, algo que niegan los acusados.
