Baleares multa con 300.000 euros a Airbnb por ofertar 20 pisos turísticos ilegales

Primer golpe contra Airbnb tras la entrada en vigor de la nueva ley autonómica que regula el alquiler turístico. El Govern comunicó ayer a la plataforma de alquiler más conocida del planeta el inicio de un expediente sancionador por un importe de 300.000 euros, por un infracción "muy grave". El motivo: comercializar en su página web una veintena de pisos en Mallorca sin estar dados de alta debidamente como oferta turística. La resolución no es firme, ya que Airbnb tiene 15 días hábiles para presentar alegaciones.

No es la primera sanción de este tipo a la que se enfrenta este gigante de la denominada economía colaborativa. El año pasado, el ayuntamiento de Barcelona ya impuso multas de hasta 600.000 euros por publicitar pisos turísticos ilegales.

La Vicepresidencia y conselleria de Innovación, Investigación y Turismo del Govern informó ayer de que la plataforma no retiró estos anuncios pese a haber sido advertida en varias ocasiones por la administración autonómica.

De hecho, el inicio del expediente se remonta a agosto de 2017, cuando la Dirección General de Turismo avisó a Airbnb de que estaba publicitando viviendas que carecían o bien de la declaración responsable de inicio de actividad turística o bien del número de inscripción turística.

Al cabo de unos meses -en noviembre, concretamente-, los inspectores del departamento de Ordenación y Planificación Turística corroboraron que la plataforma había hecho caso omiso del requerimiento anterior. La oferta ilegal se seguía publicitando, una advertencia que reiteró la Dirección General de Turismo el pasado 27 de diciembre.

Hasta 400.000 euros

En ese escrito, se hizo constar que, por este motivo, se le podría imponer una sanción de entre 40.001 y 400.000 euros. Se le dio entonces a la compañía un plazo de 15 días. Una vez expirado este término, el Servicio de Inspección constató de nuevo en la web que los anuncios continuaban incumpliendo la normativa. El acta que arranca el procedimiento administrativo sancionador se levantó el pasado uno de febrero y, ahora, Airbnb tiene dos semanas para alegar.

Més afirma que las plataformas han tenido tiempo para adaptarse a la Ley

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, David Abril, defendió ayer el expediente sancionador abierto a Airbnb por oferta turística ilegal en Mallorca y afirmó que "las plataformas han tenido tiempo para adaptarse a la nueva ley" y que "en este caso se ha aplicado el procedimiento" por incumplir la regulación. Abril confió en que la sanción "se haga efectiva" y que el Govern "pueda cobrar" los 300.000 euros de multa, ya que consideró probable que "como suele suceder se abra una polémica legal" puesto que "estas plataformas tiene mucho poder, son auténticos 'lobbys' y querrán defender sus intereses". Añadió que frente a estos intereses, "el Govern tendrá que defender los suyos" ya que al Ejecutivo balear "le toca defender el derecho al acceso a la vivienda de la gente" de Balears. "Cada uno hace su papel", dijo el portavoz de Més per Mallorca. Junto a ello, recordó que "desde algunos sectores se decía que se actuaba tarde" en este ámbito, pero desde Més ya se defendía que "había que seguir un procedimiento", como ha ocurrido con Airbnb hasta llegar a la sanción.

Podemos felicita al Govern y pide a las plataformas que "colaboren"

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, se mostró satisfecho con la decisión del Govern de multar a la plataforma Airbnb por "publicitar viviendas que no tenían la declaración responsable de inicio de actividad", una medida que, según recordó, Podemos ya defendió en su día. "Damos la enhorabuena al Govern por este paso valiente y de cumplimiento de la Ley que hemos aprobado entre todos", dijo Jarabo en referencia a la sanción de 300.000 euros. En este sentido, resaltó que en las negociaciones entre los partidos del Pacto para le Ley Turística Podemos "consiguió incrementar la cantidad de las sanciones" a las plataformas que incumplieran con la nueva legislación balear sobre comercialización de viviendas turísticas. Junto a ello, el portavoz de Podemos en el Parlament incidió en que "las plataformas deben colaborar con el Govern" y que lo ocurrido con Airbnb "debe servir también para hacer pedagogía a los propietarios sobre las consecuencias que tiene el descontrol que había hasta ahora" de las viviendas que se comercializan a través de portales de alquiler turístico.

El Pi critica al Govern por su postura con el alquiler en plurifamiliares

El líder de El Pi, Jaume Font, afirmó que lo que "preocupa" a su partido es que el Govern del Pacto en la práctica "ha prohibido como hizo el señor Bauzá" (ex president del Govern) el alquiler turístico en plurifamiliares por lo que "si se publicitan en una web incumplen la Ley ya que el Govern dijo que lo regularían" y no lo ha hecho. Para Font, en este asunto el Ejecutivo está cometiendo el error de "anunciar muchas cosas en titulares que pueden ser buenas", pero a las que al final "no se les da solución" ya que ahora no está ni la zonificación ni el PIAT. En este sentido, afirmó que los ciudadanos deberían tener claro ya "lo que se puede hacer", pero "no es así y la consecuencia es que se multa a la plataforma que publicita" las viviendas. "El Govern no ha hecho los deberes y aplica la Ley Bauzá", insistió el líder de El Pi, quien sostuvo que "en lo que se refiere a los plurifamiliares, está exactamente igual" que con el anterior Ejecutivo del PP. Añadió que "da la sensación" de que el Govern del Pacto ha caído en la "misma desconexión con la realidad" que viven los ciudadanos de Balears en la que incurrió Bauzá.