El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha iniciado el trámite de embargo de los bienes de los directivos que aparecen nombrados en las querellas criminales que ha presentado la fiscalía Anticorrupción, sobre todo los que tuvieron una intervención directa en las operaciones que están bajo la lupa del magistrado. Pedraz ha fijado una fianza de responsabilidad civil de más de 130 millones de euros, cifra con la que se pretende recuperar los perjuicios económicos que ha denunciado el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), que pertenece al Banco de España. Este organismo ha denunciado estas operaciones, a través de la fiscalía Anticorrupción, porque tuvo que intervenir desde el momento en que sa Nostra participó en el plan de integración en el Banco Mare Nostrum. Una operación que fue aprobada por el Banco de España en el mes de junio de 2010 y que supuso, en la práctica, la desaparición definitiva de la histórica Caja de Ahorros de Balears.

Los investigados, a través de sus abogados, han recurrido la fianza de responsabilidad civil, una decisión que todavía está por resolver pero que, de momento, los embargos sobre los bienes siguen vigentes.

Varios de los directivos nombrados en la querella, así como integrantes del Consejo de Administración de la antigua sa Nostra, ya han prestado declaración ante el juez. Los primeros señalan que se limitaron a cumplir las órdenes de los máximos responsables de la entidad financiera y que todas las operaciones, además, venían aprobadas por el Consejo de Administración, en unos casos de sa Nostra, y en otras de Invernostra.

Esta doble querella criminal se presentó hace casi dos años, y durante este tiempo el juez ha controlado la investigación bajo secreto de sumario. Una de las diligencias que ha ordenado el magistrado de la Audiencia Nacional, tal como reclamaba Anticorrupción, es reunir toda la información existente en las cuentas de correo electrónico corporativo de los directivos Pere Batle, Pau Dols y Rafael Oliver. En concreto, se tenía especial interés en conocer los mensajes que se dirigieron estos tres exaltos cargos de sa Nostra en el periodo que iba desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011.

También se ha realizado un completo rastreo de las operaciones económicas realizadas a través de las distintas cuentas bancarias, por la que pasó el dinero que se utilizó para financiar estas dudosas inversiones económicas.

El directivo más perjudicado por la decisión provisional del juez es Rafael Oliver, que tiene que hacer frente con su patrimonio a una fianza de más de 64 millones de euros. El juez también ha ordenado, a través de una comisión internacional, el bloqueo de unos fondos económicos localizados en una cuenta de una entidad bancaria de Suiza.